organizadas por el IEC

El IRPF, objeto de una nueva ponencia de las Jornadas sobre Economía de Ceuta

El economista e inspector de Hacienda del Estado en excedencia, Antonio Rodríguez Vegazo, ha abierto la semana de las jornadas sobre economía organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes, donde ha dado las claves sobre la teoría y la realidad del IRPF.

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photo_camera José María Campos junto al economista e inspector de Hacienda del Estado en excedencia, Antonio Rodríguez Vegazo / P.H.L.

Una jornada más la Biblioteca Pública ha sido escenario de una nueva ponencia de las Jornadas sobre la economía de Ceuta, organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes. Hoy el tema abordado ha sido "El impuesto sobre la renta de las personas físicas: teoría y realidad". El economista e inspector de Hacienda del Estado en excedencia, Antonio Rodríguez Vegazo, ha sido el encargado de desgranar la problemática existente sobre la deducción del IRPF para los residentes en ambas ciudades autónomas. Rodríguez fue inspector jefe y delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cáceres y delegado especial en Asturias, por ello es gran conocedor de esta realidad económica y ha planteado cuáles son las posibilidades que tiene un enfoque futuro de este tratamiento fiscal.

El economista ha explicado que sobre el impuesto sobre la renta hay dos aspectos fundamentales. “Por un lado, tener claro qué se quiere fomentar y cómo compensar al ciudadano o a las empresas por tener condiciones más adversas que los peninsulares y por otro, el gran problema y discusión constante sobre cómo determinar las residencias en ambas ciudades. “En este punto hay un gran disputa con la Administración para demostrar a qué lado del Estrecho se vive”, matiza.

Preguntado sobre el hecho de que los ceutíes son los ciudadanos que menos aportan al IRPF, Rodríguez ha puntualizado que “lo extraño sería que fuera de otra manera ya que teniendo un descuento del 50% en la cuota íntegra es lo normal”.

Por último, ha valorado que siempre que existe un problema de disputa entre la Administración y los obligados tributarios, por lo que “una mejora en la redacción evitaría esas disputas y costes de procedimientos impugnatorios que cuestan dinero a los ciudadanos y a la Administración. Esta mejora en la redacción siempre es deseable pero también hay que saber interpretar la norma”.