Los empresarios de los polígonos de El Tarajal han comenzado a trasladar a la Ciudad sus alegaciones contra el establecimiento de la tasa de servicios extraordinaria que el Gobierno local pretende imponer a sus negocios. Las objeciones de los comerciantes de los polígonos ya están redactadas con arreglo a consideraciones jurídicas que tratan de avalar el principal reproche que los empresarios plantean al nuevo impuesto: su ilegalidad. Ayer mismo, por ejemplo, la comunidad de propietarios Tarajal 2 hacía efectiva la entrega del documento.
Las alegaciones habrán de servir de referencia a las conversaciones que los comerciantes de los polígonos mantendrán la próxima semana con representantes del Gobierno local.
Mientras, los polígonos permanecen clausurados para los porteadores en señal de protesta contra el nuevo impuesto. Los comerciantes ya han planteado al Gobierno su disposición a que, una vez superadas las diferencias respecto a la nueva tasa, un día a la semana los polígonos puedan abrir sus puertas al comercio del bulto. “Nosotros intentamos ofrecer soluciones pero vemos que se está permitiendo la importación ilegal, que no se imponen penalizaciones y, así las cosas, mucho nos tememos que al final tendremos que acabar en los tribunales”, ha asegurado el presidente de la comunidad Tarajal 2, Bilal Dadi.
La tasa que el Gobierno pretende imponer a los empresarios de El Tarajal ha sido cifrada en 48,70 euros por metro cuadrado de nave, un impuesto que, sin embargo, se reduce a un pago de 100 euros anuales para aquellas empresas con plantillas superiores a los tres trabajadores. Según la Ciudad, la intención de la tasa no es otra que la de combatir una actividad que, como la del bulto, perjudica los intereses de los empresarios legalmente establecidos y no redunda en favor de la economía local. Los comerciantes, por el contrario, estiman que son precisamente ellos los principales damnificados por el establecimiento de la tasa.
