Los trabajadores de Arasti Barca, empresa dedicada a la prestación de servicios de monitor y socorrista en las piscinas municipales, se sienten engañados. Si el presidente de la Ciudad les animaba a presentar una programación para intentar evitar el despido de varios trabajadores, las reducciones de horas y el ERTE, la ilusión se esfumaba cuando ni siquiera les dejaron entregar sus propuestas “porque no podrían hacerse efectivas”. Ahora Ciudadanos sale a la palestra pidiendo soluciones pero “la única viable se encuentra dentro del Guillermo Molina bien en la piscina o fuera de ella”, explica el diputado Javier Varga.
Varga cree que todas las soluciones que “el Gobierno ha calificado como ilegales o impracticables ha sido el propio Gobierno quien las propuso como actividades en los colegios o en el Parque del Mediterráneo”. Además se ha referido a un informe de los técnicos que desaconseja dar “un uso más intensivo a la piscina”. Al parecer desde el grupo han preguntado y “nadie lo ha visto, ni siquiera los miembros del Ejecutivo. Hemos pedido una copia pero nos tememos que no existe”.
Desde Ciudadanos no consideran justificados los despidos y demás actuaciones ya que “hay una gran demanda de actividades acuáticas de interior. De hecho hay lista de espera. Esta sería una solución viable y legal que el Gobierno descarta alegando un informe que nadie ha visto”. Varga asegura que se han perdido 10 meses porque “todo apuntaba a que el Díaz Flor no reabriría”.
Réplica del Gobierno
Mientras, el Gobierno local ha defendido esta misma mañana su gestión del contencioso. Los trabajadores se han quejado de que, después de reclamarles la presentación de una programación complementaria de servicios, el ejecutivo se negara al día siguiente a recibirla. La portavoz accidental del Gobierno, Manuel Deu, ha explicado que la solicitud a los trabajadores se planteó antes de consultar a los técnicos que, posteriormente, negaron la viabilidad de ampliar los servicios en un informe aportado verbalmente.
Deu ha explicado que el pliego de condiciones para la adjudicación del nuevo contrato se encuentra en la última fase de su redacción. La futura nueva adjudicación se planteará con una vigencia de un año prorrogable por otro para servicios que se habrán de desarrollarse en el pabellón Guillermo Molina.
