La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y el sindicato CSIF vuelven a denunciar el trato del director del Centro Penitenciario hacia los trabajadores de la prisión, en concreto contra los miembros de la Junta de Personal sobre la que existe la apertura de un expediente disciplinario "por representar a los funcionarios y por ejercer ese derecho de representación sindical".
Según los sindicatos, este órgano ha denunciado en numerosas ocasiones la situación de permanente irregularidad en la que se encuentra la administración del Centro Penitenciario, tales como "las situaciones de acoso laboral, el persistente ejercicio del mando de forma caprichosa y arbitraria, la denegación injustificada de permisos, vacaciones y licencias, las detracciones en nóminas por cuestiones meramente personales, el trato diferenciado según el tipo de relación que se tenga con la dirección del centro, la ausencia de objetividad y el uso indiscriminado de la constante amenaza de apertura de expedientes disciplinarios".
Estas centrales sindicales consideran que el cargo de director del Centro Penitenciario "elegido a dedo desde el propio Gobierno por motivos distintos al mérito y la capacidad ha de ser revisado dado que una persona que no es capaz de dialogar con los representantes de los trabajadores no es apta para dirigir un centro en el que están afectados más de 400 personas entre reclusos y empleados públicos".
La respuesta de este director, continúan los denunciantes, consiste en amenazar con expedientes disciplinarios y causar el mayor dolor posible a la plantilla, con actitudes próximas a la radicalización y uso en beneficio propio del cargo público con la intención de aplastar cualquier punto de vista distinto al suyo.
A este panorama se le une una reciente sentencia obtenida por el propio funcionario expedientado en el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Ceuta por el que se le reconoce el permiso denegado extemporáneamente por tener que asistir a sus hijos y llevarlos a los servicios de urgencias.
En esa ocasión, el funcionario tuvo que acompañar a su hijo al hospital y, meses más tarde, le denegaron el uso del permiso del que ya había disfrutado por conciliación familiar con el único objetivo de perjudicar al delegado sindical por su actividad representativa en la Junta de Personal.
Se trata de una sentencia que recuerda a la administración que en materia de personal opera el silencio administrativo positivo y la obligación de la administración de tener que resolver expresamente en los casos de denegación del permiso antes de que éste se produzca.
El caso citado por la sentencia corresponde a la actuación directa del director del centro penitenciario de Ceuta en materia de personal que promovió a través de la delegación de gobierno una denegación después de haberse disfrutado del permiso.
"No es la primera vez que los Juzgados de lo contencioso fallan en favor de los funcionarios del centro penitenciario de Ceuta en temas muy similares. Meses atrás, otro funcionario logró varias sentencias favorables por cuestiones muy parecidas. En lugar de corregirse las deficiencias en materia de personal, el titular del centro penitenciario insiste en resolver en contra de la ley, de la propia jurisprudencia y de las sentencias condenatorias que acumula en su haber, síntoma claro de la arbitrariedad con la que se resuelven las cuestiones de la plantilla".
Los sindicatos recuerdan que en estos momentos siguen su curso casi una decena de contenciosos administrativos en la que los funcionarios del centro penitenciario denuncian el trato que reciben y la constante separación de la legalidad en las actuaciones administrativas de dicho centro.
Desde los sindicatos firmantes de esta comunicación se pide que "sea apartado el responsable generador de tal inoperancia y que son causa directa de riesgos laborales, tales como bajas médicas por estrés o depresión que se sufren en la plantilla".
"No se puede tolerar que un sujeto vengativo y rencoroso dirija una unidad administrativa guiado únicamente por su afán de generar dolor, injusticias y al margen de la legalidad. Los principios de objetividad, mérito, capacidad quedan totalmente desplazados hasta el límite de tener que vulnerar reiteradamente derechos fundamentales a lo largo de este triste mandato", concluyen los sindicatos.
