El pasado martes 28 de agosto, un hombre que paseaba junto a su hija de tan sólo 12 años de edad en el barrio San José (Las Palmas de Gran Canaria) recibió dos disparos que acabaron con su vida. El sujeto resultó ser Lionel Carrillo de 36 años, un preso del centro penitenciario de Salto del Negro, localizado en la capital grancanaria, y que disfrutaba de un permiso penitenciario hasta el 1 de septiembre. La Policía todavía investiga el móvil de crimen. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por drogas, aunque otras fuentes también señalan la posibilidad de que se trate de un asunto amoroso. Causas y motivaciones aparte, la realidad es que la muerte de Carrillo ha supuesto un duro revés para los empleados de Control y Seguimiento de la cárcel. El fallecido actuaba dentro de la prisión como un confidente que informaba sobre la actividad de los yihadistas encarcelados en el centro penitenciario, según afirman fuentes consultadas por ESTRELLA DIGITAL.
Lionel Carrillo era un delincuente común que entraba y salía de la cárcel de manera habitual por asuntos relacionados con las drogas y con pequeños hurtos, según afirman varios medios locales que se han hecho eco del suceso. El fallecido fue 'captado' cuando este se encontraba tutelado por gobierno de Canarias y actuaba como un confidente que mantenía al tanto a los empleados de la prisión de todo lo que sucedía en materia de yihadismo dentro de la cárcel, según afirman a este diario fuentes penitenciarias. De hecho, estos 'chivatazos' y su buen comportamiento habrían hecho que pudiera disfrutar de este permiso que a la postre ha resultado ser fatídico para él.
Las informaciones que Carrillo lograba escuchar o intervenir eran trasladadas a los empleados de Control y Seguimiento de la prisión Salto del Negro, centro donde el hombre cumplía condena. Estos trabajadores están encuadrados en la categoría V-3, que no existen de manera oficial, pero sí tiene un carácter oficioso y que surgió a raíz del nacimiento del terrorismo yihadista.
"Este tipo de personal de vigilancia están destinados al control y a la observación de una serie de internos con unos perfiles muy determinados. Normalmente suelen ser reclusos que pertenecen a bandas organizadas o que tienen una carrera delictiva peligrosa. Dentro de este perfil de presos controlados también se enmarcan funcionarios de prisiones y guardias civiles que han cometido algún delito. En la actualidad, son los yihadistas los que más preocupan", afirma una empleada de un centro penitenciario de la capital grancanaria.
Esta misma funcionaria confirma que los chivatazos en los centros penitenciarios es algo que ocurre de manera muy habitual: "Que los internos nos faciliten información es algo que se da en muchas ocasiones. En los módulos suelen haber cerca de 144 internos y lo normal es que sólo haya uno o dos vigilantes. Es muy difícil observar y escuchar a tantas presos con un personal tan escaso. Por este motivo hay reos que facilitan información y a partir de ahí se inician las investigaciones". De todos modos, estos 'soplos' son contrastados porque en muchas ocasiones son interesados o están 'contaminados'. "Lo cierto es que muchas veces ayuda a encontrar móviles, de entradas de drogas", afirma la empleada.
En la actualidad, el personal encuadrado en la sección V-3 está centrado en sobre todo en asuntos relacionados con el yihadismo. Las actuaciones más repetidas por estos trabajadores son registros en módulos o en celdas de presos árabes radicalizados. "Los vigilantes, es decir el grupo V-1, no tenemos formación específica en estas situaciones y no sabríamos diferenciar entre los objetos que sí tienen relevancia en este tipo de registros y los que no la tienen. Se supone que los funcionarios de V-3 sí la tienen, aunque no en todos los casos", explica la trabajadora del centro penitenciario.
La cuestión es que los trabajadores de la V-3 no están regularizados. De hecho, son personas de la sección V-1 (vigilantes que están en continuo contacto con los internos) que han 'promocionado', aunque este ascenso no haya supuesto un aumento salarial ni un incremento de sus derechos laborales. "Las plazas de V3 no salen a concurso, no podemos optar a ellas porque no están dentro de una RPT (Relaciones de puestos de trabajo), no están legalizadas. En un principio, incluso sindicalmente hemos protestado por la forma de gestionar este servicio porque en un principio les dijeron que les iban a llevar a Madrid para darles información y para formarles en su nuevos puestos y luego ya regularían su situación, pero esto último nunca ha llegado", sentencia esta funcionaria.
