Estrella Digital/ Rocío Morales
La Guardia Civil ha vuelto a solicitar al Gobierno la aprobación del Real Decreto de Plantillas, pero su petición ha caído en saco roto. Son varias las asociaciones que han denunciado la necesidad urgente de incrementar las plantillas del Instituto Armado, en toda España. El Real Decreto reconoce que se fije numéricamente la distribución de efectivos por empleos y escalas para los próximos cuatro años. Esta medida debía de haber sido aprobado en el segundo trimestre de 2017, pero la realidad es que el Ejecutivo español todavía no la ha aceptado. "El Instituto Armado necesita un estatuto propio de personal, como repetidamente viene reconociendo el poder legislativo" según afirma AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles). "Estatuto en el que se respete la carrera profesional de los miembros del Cuerpo, pero cuyo objetivo final sea satisfacer los altos cometidos que en actividades de seguridad pública le demanda la sociedad democrática actual española", deslizan desde la misma asociación.
El Instituto Armado reclama que el Gobierno tiene la obligación de aprobar el Real Decreto de plantillas del Cuerpo, respetando las condiciones mínimas que establece la disposición transitoria novena de dicha Ley, tal y cómo viene recogido en el mandato de la Ley 29/2014 de Personal de la Guardia Civil. Además también aseguran que el Ejecutivo debe corregir las disfunciones generadas por el proceso de integración de escalas en curso.
Por su parte, la Administración se ha desmarcado de la problemática. De hecho, hasta el momento todas las respuestas que ha recibido la Unión de Oficiales han sido negativas. El Gobierno demora su aprobación argumentando la supuesta resistencia del Ministerio de Hacienda para dar el visto bueno al Real Decreto, pese a que el incremento de gasto es mínimo y diferido a los cuatro años de vigencia del Real Decreto.
El enfado de las distintas asociaciones del Instituto Armado proviene de la falta de voluntad política por cambiar su situación. De hecho, el pasado viernes 21 de julio tuvo lugar el último Consejo de Ministros, donde se supone que se iba a aprobar el Real Decretode Plantillas de la Guardia Civil, pero una vez más no fue así. Por su parte, los agentes del Instituto Armado argumentan que el Gobierno, por mandato de la Ley 29/2014 de Personal de la Guardia Civil, tiene la obligación de aprobar el Real Decreto de plantillas del cuerpo. Además, desde la Unión de Oficiales (UO) defienden que la aprobación de este Real Decreto supone un impacto económico “mínimo”. Se trata de una distribución de efectivos por los empleos y escalas para los próximos cuatro años.
Por todos estos motivos, desde la Unión de Oficiales solicitan "encarecidamente" al Ejecutivo español que "tome en serio" a la Guardia Civil, que no vuelva a defraudar a sus miembros que tanto han dado por la supervivencia de la democracia, y que, como mínimo, respete al Instituto Armado. "La política de personal del Cuerpo debe seguir las mismas premisas que el resto de las organizaciones policiales españolas, los oficiales sienten que están en desigualdad de condiciones respecto a la Policía Nacional", según afirma la UO. "Los Guardias Civiles son maltratados sistemáticamente por los Gobiernos de turno, independientemente de su signo político”, denuncian desde la misma asociación. "No cabe continuar con una estructura que trata de reproducir la de las FAS (Fuerzas Armadas), pues esto supone un desajuste continuo en el funcionamiento de la Institución, no sólo en el ámbito del personal, sino también, lo que es más grave, en su ámbito funcional", sentencian desde AEGC.
