Las tramas de la corrupción política en Madrid se entrelazan, como demuestra la relación de investigados por el juez Eloy Velasco. Mismas empresas, mismos nombres, parecidos procedimientos. Los dos hombres de confianza de Esperanza Aguirre, según las investigaciones de la UCO, al final confluían en su financiación ilegal. Indra, OHL, ACS, la obra pública madrileña. El caso paradigmático es el de Javier López Madrid.
Consejero de OHL, el gran grupo constructor de su suegro, el poderoso Juan Miguel Villar Mir, navegó entre dos aguas en los años de esplendor de las dos tramas que investiga el juez Velasco. En una de ellas, literalmente, ya que compartía el yate con Granados y David Marjaliza, con quienes mantenía una excelente relación. Pero también se investiga el pago de una comisión a Ignacio Gonzalez. Imputado en ‘Púnica’, el juez le pide una fianza de 100.000 euros que tendrá que pagar esta semana si no quiere ingresar en prisión.
El modus operandi de pagos inflados de proveedores para financiar, bien al partido, bien a ellos mismos, también se reproduce en este caso. Es significativo que entre los investigados en la ‘Operación Lezo’ esté Jesús Trabada, el exconsejero delegado de Mintra, una empresa y un hombre que controlaba Granados.
Además de perseguir presuntos enriquecimientos ilícitos personales, el juez Velasco está detrás de la financiación del PP madrileño. Y ahí parece que el PP no eran dos, sino uno, en la busca de recursos con ventaja sobre sus rivales electorales. Estos son los implicados hasta el momento en la 'Operación Lezo'.
María Lourdes Cavero. Esposa de Ignacio González y presidenta la empresa Subastas Segre, dedicada a la subastas de obras de arte. Su empresa ha sido registrada como parte de las investigaciones.
Pablo González Liberal. Padre de Ignacio González, de 91 años. Ayudó a su hijo a blanquear dinero con operaciones de préstamo ficticias en las que le ingresaba dinero en sus cuentas y él se lo devolvía en metálico, según los investigadores de la operación. Trabajó en el Ministerio de Información y Turismo franquista, en el extinto Instituto Nacional de Industria y fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Esperanza Aguirre le rdio un puesto secretario general técnico del Grupo Popular en el Senado.
Pedro Antonio Martín Marín. Uno de los hombres que más poder ha manejado en Madrid, desde un segundo plano. Expresidente de la COPE, exsecretario de Estado con José María Aznar, ha llevado los asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid. El padre de la exmujer de Borja Sarasola, uno de los consejeros más cercanos a Ignacio González. Actualmente está vinculado a la COPE, a 13 TV y a una empresa de gestión de eventos deportivos.
Adrián de la Joya. Es uno de los grandes nombres de la alta sociedad madrileña. Casado con Cristina Fernández-Longoria, es un empresario con numerosas inversiones, tanto en España como en Suiza. Fernández-Longoria está a su vez emparentada con El Assir y sobre todo con Adnan Kassogui, dos de la más afama jet-set de la época dorada de Marbella. El nombre de Dela Joya es habitual cuando se habla de los posibles negocios del rey Juan Carlos y ha estado vinculado a las inversiones del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Patricia Ana Rodríguez Revuelta. Trabaja para el Banco de Santander. Es una asesora de alto nivel para asuntos de comercio internacional. Estuvo destinada en la oficina de Londres y desde hace dos años está en sus oficinas de Madrid. Antes fue abogada de una de las firmas de letrados más grandes del mundo, la anglosajona Denton Wilde Sapte.
Santiago Barreno Sevillano. Presidente del Consejo de Administración de Audiovisual Española, la empresa editora de ‘La Razón’. Con él se procesa a toda la cúpula del rotativo madrileño, Mauricio Casals (presidente) y Francisco Marhuenda (director). La Razón recibió sustanciosos acuerdos de publicidad con el Canal de Isabel II.
José Javier Soler Gallego. Este abogado fue asesor del equipo de Ignacio González. Incluso fue premiado con el cargo de consejero de Canal Extensia. Fuentes de la investigación lo ligan con el presunto cobro de comisiones por obra pública adjudicada en Haití. En 2008, también Soler estuvo envuelto en un extraño caso de espionaje, no aclarado a pesar de que se investiga en la causa del espionaje político en Madrid que sigue el juzgado número 47 de Instrucción. El Canal de Isabel II pagó un informe sobre su alto cargo, registrado como “control laboral”. Ha estado vinculado a la empresa de ingeniería dedicada a obra hidráulica Hydropower Spain hasta la primavera del año pasado.
Javier Domínguez Anaya. Gerente General de Inassa.
Carlos Isidro Bello Vicente. Empresario de varias compañías dedicadas a la construcción y la promoción inmobiliaria. En los registros figura al menos una empresa suya en Panamá y otra en Luxemburgo.
Carlos Turró Homedes. Fue presidente de la constructora Cleop. Su vinculación a este caso une a la corrupción de Madrid con la de Valencia, ya que está acusado de dar ‘mordidas’ al entorno de Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá. La Fiscalía investiga unos créditos concedidos por el Banco de Valencia y una deuda con la Agencia Tributaria de 9.5 millones.
Sergio Vidal Balaguer. Empresario valenciano dedicado a negocios inmobiliarios.
Oscar Sánchez Moyano. Administrador único de varias empresas que forman parte del entramado para el desvío de capitales desde Indra a otras empresas con las que el PP de Madrid tenía deudas. El primero y tres de las sociedades con las que se relaciona constan en la investigación de la trama Púnica, como beneficiarias de contratos de talleres culturales licitados por el Ayuntamiento de Madrid en época de Ana Botella y de Alberto Ruiz Gallardón. Alguna de sus empresas, trabajó para Gürtel.
Juan Miguel Madoz Echeverría. Empresario dedicado a las comunicaciones y a la gestión de datos, aparece tanto en los sumarios de ‘Púnica’ como de ‘Gürtel’. Administrador único de la consultora que dirigió el proceso por el que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó 3,25 millones de euros en las campañas de publicidad fantasma en las elecciones de 2007S. Swat es la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel
José Miguel Alonso Gómez. Es uno de los ejecutivos de Madoz en la consultora Swat.
Francisco Martínez Nicolás. Exdirector general de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) es otro de los presentes en las dos tramas. Velasco, que yo detuvo por 'Púnica', le ha solicitado 100.000 euros de fianza para no ingresar en prisión. Sus movimientos están relacionados con la financiación ilegal del PP:
Angeles Monje Gutiérrez. La Justicia cree que ICM "infló" contratos con PWC e Indra para pagar las deudas de la campaña electoral del PP madrileño de 2011. Durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros. Concretamente, 545.980,66 euros a la primera cuenta y 529.123,29 euros a la del país helvético.
Ana María Paloma Ferreiro Ribir.
Jesús Arranz Monje. Empresario burgalés, al frente de Construcciones Arranz Acinas. Su Grupo Pantersa (conglomerado empresarial) es uno de los principales adjudicatarios de obra pública en Burgos y Castilla León, socio de Méndez Pozo. Montó una empresa en Panamá con el hermano del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Exnovio de la popular presentadora Ivonne Reyes, sus empresas pasaban por dificultades en diciembre de 2015, cuando adeudaban más de 30 millones a la Agencia Tributaria, lo que no le impide tener un patrimonio inmenso, incluso en Manhattan, Nueva York.
María del Pilar Olivo Valverde. Está casada con el empresario Fernando Clemente Martín, apoderado de una empresa dedicada a los productos químicos radicada en Villaverde (Madrid). Su hermano, José Antonio Clemente Martín era uno de los socios de Tecnoconcret, la empresa que subcontrató a ACS el césped del polémico campo de golf del Canal en el barrio de Chamberí de Madrid. Poco después Pablo González tomó el control de la compañía. La investigación sospecha que en los 3,56 millones que Dragados pagó a Tecnoconcret hay una comisión que cobró la familia de Ignacio González, que estima en algo más de 500.000 euros.
Dimitris Tsalidis. Director campo de golf OnlyGolf, empresa dedicada a este deporte radicada en Majadahonda.
Fernando Sánchez Sánchez.
Ignasi Maestre Casanovas, abogado andorrano, testaferro de futbolistas de élite y ya investigado, por diseñar el entramado societario que trasladó a Portugal los derechos de imagen de Xabi Alonso, ex futbolista del Real Madrid.
Oriol Serra Ibars. trabajador de Igmasa Management –empresa andorrana para que representara al Canal en la operación de compra de la empresa de aguas brasileña.
Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el ejecutivo de José María Aznar. Ya fue condenado por revelación de secreto. Ha sido consejero de Assignia Infraestructuras y del Grupo Essentium hasta 2013. Asignia es el nuevo nombre de Constructora Hispánica, una de las implicadas en la trama de Gürtel. Assignia Infraestructuras ha sido registrada por la UCO en busca de datos referentes al contrato de construcción de una depuradora en Rivas-Vaciamadrid.
Avelino Martinez Herrero. Consejero en Hidráulica Santillana, Hispanagua, (Sociedades de el Canal de Isabel II), es uno de los ejecutivos que Ignacio González introdujo en el canal de Isabel II. Ingeniero, además es un reputado especialista en la Biblia, desde su orientación protestante. De hecho es consejero de la Sociedad Alemana Española de Inmuebles que rpeside el presidente de la Iglesia Evangélica en España, Joel Cortés Casals
Ángel Varona Grande. Secretario General del Consejo de Administración del Canal Isabel II
Ibo Kratsmer. Ahora mismo, en el Grupo ICCI, gestores de capital. También aparece en la SICAV Futura Capital, en una empresa llamada Avantico Advisors y es administrador Rondana Consultants. Ocupó el cargo de director internacional de banco de inversión Renta 4.
Alberto Pérez de la Sal. Empresario inmobiliario, es el responsable de Sociedad Europea Inmobiliaria (SEINSA), que participa en la entidad que compra el ático de González en las operaciones cruzadas entre Rudy valner y el expresidente madrileño. Además, es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España.
Carmen Pilar Pazos Bejarano, propietaria de cadenas de restaurantes, Mis Pollitos, es la presidenta de la sociedad que compró el ático en Estepona de Ignacio González. Forma parte del Grupo Empresarial Chickies SL, una sociedad dedicada al "cuidado diurno de niños, junto a Leticia y Rocío Bonet Cavero (sobrinas de Lourdes Cavero, esposa de González) y M.T. M. A, como secretaria y consejeras, respectivamente de la entidad.
Guizo Vizencini. Productor. Director Cine
Miguel Martínez Tellez. Director Nacional de Urbaser, un ejecutivo de Florentino Pérez. Urbaser está relacionada con la trama en calidad de financiadora.
Joaquín Molpeceres. Presidente de Licuas, la investigación lo coloca como ttestaferro de Ignacio Gonzalez. Está imputado en los procesos de Bárcenas y en pagos a las empresas de Francisco Correa.
Miguel Saiz de la Olla. Directivo de la empresa de control, aéreo Saerco.
Ildefonso Manuel Gil. Presidente de Saerco, exgerente de el canal de Isabel II.
José Manuel Serra Peris. Imputado en el Caso Bankia. Es el presidente del Comité de Auditoría de El Canal de Isabel II.
Jaime Antoñanzas de Toledo. Empresario, propietario de la agencia Comunica +A, es también uno de los propietarios del restaura te NO Restaurante, uno de los fijos de Ignacio González en el Callejón de Puigerdá, en pleno Barrio de Salamanca. Se le considera uno de los miembros del círculo intimo del expresidente de Madrid.
Alberto López Viejo. Ex concejal, exconsejero de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre, está imputado en el Caso Gürtel.
Fernando Manuel Serrano Fuentes. Es uno de los socios de Tecnoconcret (Golf), la subcointrata que se ocupó del campo de golf del canal en el centro de Madrid. Poco despúes del contrato Pablo González tomó el control de la compañía, que supuestamente se habría utilizado para cobrar comisiones ilícitas.
Jesús Trabada Guijarro. Consejero Delegado de Mintra, la sociedad publica dedicada a las infraestructuras de transportes de Madrid. Administrador y propietario de Bustren PM, es la persona de confianza que Granados colocó en 2003 durante su etapa en la Consejería de Transportes al frente de Mintra. Esta soceidad era la encargada de gestionar los planes de ampliación del metro de la capital. En julio de 2011, poco después de que Granados saliera del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre cesó a Trabada y, tres meses después, disolvió Mintra.
Francisco Marhuenda. Director de ‘La Razón’. Supuestamente presionó a Cristina Cifuentes para que no proporcionara información a la Fiscalía sobre la situación en Canal de Isabel II.
Mauricio Casals. Presidente de ‘La Razón’, está siendo investigado por las mismas presiones que ejerció Marhuenda contra el Ejecutivo de Cifuentes.
Eduardo Zaplana. Exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, pasa por ser uno de los grandes amigos de Ignacio González en la vida política. Acaba de superar una grave enfermedad y reaparecía en público hace solo unos días.
Juan Miguel Villar Mir. Ingeniero, marqués, constructor. Presidente de la enorme constructora OHL, pasa por ser uno de los hombres más poderosos del país. Enemistado profundamente con González, parece que hubo tiempos en que no fue así. Su constructora está vinculada al caso del espionaje en Madrid, a Gürtel y ahora también ha sido registrada por la Guardia Civil en la ‘Operación Lezo’. Y Villar Mir, investigado por el juez Velasco.
Los detenidos por este caso son:
Ignacio González. Detenido el pasado miércoles, ha declarado durante dos horas y cuarenta y cinco minutos. El fiscal ha pedido prisión sin fianza, por su presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, según han informado fuentes jurídicas. El juez ha decretado pensión incondicional y comunicada y lo considera cabecilla de una “organización criminal”.
Javier López Madrid. Consejero de la constructora OHL, yerno de Juan Miguel Villar Mir. El fiscal ha pedido prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para el consejero de OHL Javier López Madrid, detenido en la Operación Lezo por presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El juez, por el contrario, ha decretado libertad bajo fianza a 100.000 euros, que deberá presentar antes del 28 de Abril.
Edmundo Rodríguez Sobrino. El juez Velasco ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. Es el considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño. expresidente de la adquirida Inassa en 2001, es consejero del diario La Razón.
Clarisa Guerra. La secretaria de Edmundo Rodríguez ha corrido mejor suerte. Ha sido decretada su libertad, aunque tiene obligación de presentarse mensualmente en el juzgado.
Fernanda Richmond. La exdirectora financiera del Canal de Isabel II ingresó en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros la pasada noche, después de que así lo decretara el magistrado. El juez apunta a una duplicidad de funciones que la permitió pedir a Canal Extensia el pago de 12,5 millones de dólares en representación de la empresa Soluciones Andinas y, a la vez, autorizar ese desembolso en representación de Canal Extensia.
Adrián Martín. Exgerente de la empresa. Al igual que Richmond, el juez decretó su ingreso en prisión provisional, pero en este caso eludible con 100.000 euros. El juez le señala por su intervención activa en "la manipulación" de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid para asegurar su adjudicación a una sociedad del grupo Essentium.
Pablo González, hermano de Ignacio González,directivo de Mercasa hasta que ha saltado el escándalo, ha sido enviado a prisión pero eludible bajo el pago fianza de 4 millones de euros. Se le considera clave en el entramado societario de blanqueo y cobro de comisiones presuntamente organizado por Ignacio González.
Juan José Caballero. Cuñado de Ignacio González. Junto a Pablo González, vinculado a la trama familiar de empresas a las que se les adjudicó de forma irregular obras vinculadas al Canal.
