SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

La oposición cuestiona la acumulación de contratos suscritos por la Ciudad para prestar la limpieza pública

El Gobierno de la Ciudad ha defendido la necesidad de la inversión que supondrá el contrato por el cual se creará el nuevo servicio de limpieza de espacios públicos. En el transcurso de la sesión de control al ejecutivo, celebrada este miércoles, la oposición ha puesto en cuestión la contratación y ha sostenido que Trace, adjudicataria del servicio de limpieza viaria, dispone de recursos suficientes para atender todas las necesidades de la ciudad. 

Dos camiones de la flota de Trace, en pleno trabajo /ANTONIO
SEMPERE
Dos camiones de la flota de Trace, en pleno trabajo /ANTONIO SEMPERE

La gestión de la limpieza pública y los recursos que la Ciudad invierte en el servicio han sido puestos en cuestión por la oposición en el transcurso de la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el salón de pleno de la Asamblea. La decisión de la Consejería de Medio Ambiente de sacar a licitación un contrato complementario al de la limpieza pública que, según las estimaciones del departamento, supondrá un gasto de 4 millones de euros por cada uno de sus cuatro años de vigencia, ha sido el hilván con el que la oposición ha sostenido su crítica al Gobierno.

El diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui ha puesto en duda la necesidad y eficacia de un contrato que, a su juicio, redunda en los recursos de los que ya dispone la empresa Trace, adjudicataria del servicio de limpieza viaria. La contratación, pendiente de su convocatoria, prevé la creación de un denominado servicio de limpieza de espacios públicos, una actividad que el parlamentario de Caballas han considerado injustificada. “Promover un contrato que nos hipoteca al menos durante cuatro años resulta poco responsable”, ha argumentado Aróstegui.

Caballas censura que el contrato vigente con la empresa Trace, dotado con 17 millones de euros y prestado por 400 trabajadores, habría de resultar suficiente para satisfacer las necesidades de la limpieza pública en la ciudad. “Es probable que para lo que quieren hacer con este nuevo contrato ya dispongan de los medios necesarios”, ha concluido el parlamentario.

El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, ha rebatido las aseveraciones de Aróstegui con el argumento de que la inaplicación de parte del contrato con Trace ha obligado a plantear un reforzamiento del servicio en distintas áreas que no pueden permanecer desatendidas. “El contrato de Trace contemplaba una cláusula por la que podría ampliarse el servicio en un futuro, pero eso no se ha podido aplicar y eso nos ha creado un problema”, ha sostenido Carreira, sin precisar las razones por las que ese potencial incremento de servicios se ha visto finalmente frustrado.

El consejero ha citado situaciones como la proliferación de escombreras y el aumento en la generación de residuos derivados de la actividad de porteadores y comerciantes en la zona fronteriza para justificar la necesidad de la inversión programada por el Gobierno.

 

Deuda de ACUAES

Carreira ha sido el destinatario de buena parte de las interpelaciones planteadas por los grupos de la oposición en el transcurso del pleno. A una pregunta de la portavoz de MDyC, Fátima Hamed, el consejero ha anunciado que el Gobierno local está dispuesto a llegar a los tribunales para reclamar la deuda de 1,3 millones de euros que la empresa estatal ACUAES mantiene a día de hoy con la Ciudad. Esta cantidad procede del incumplimiento del acuerdo por el que la sociedad pública se comprometía a abonar durante dos años el pago del servicio de traslado de fangos a la Península. 

La diputada del PSOE Nuria Miaja también ha interpelado al consejero en una intervención con la que ha cuestionado la totalidad de su gestión al frente del departamento de Medio Ambiente. Entre sus censuras, Miaja ha puesto en duda la prestación a cargo de la empresa Makerel del servicio de recogida de algas en las playas. "¿Está usted seguro de que las toneladas que la empres dice recoger son las que recoge?", ha planteado la socialista, quien ha recordado que el servicio cuesta a la ciudad 800.000 euros anuales. Miaja ha propuesto alternativas a su juicio menos costosas como la utilización de procedimientos de deshidratación.

"Yo no soy quien garantiza estas cosas sino que lo hace el Servicio de Industria de la Ciudad", ha respondido Carreira.