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PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN UNA CONCESIÓN

La Audiencia reabre la causa por prevaricación y malversación contra el presidente del Puerto

Torrado, a la derecha, junto al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, el pasado  miércoles en Ceuta/ C.A.
Torrado, a la derecha, junto al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, el pasado miércoles en Ceuta/ C.A.

Un auto del Juzgado de Instrucción número 5 ordenó en agosto del pasado año el sobreseimiento libre y total del procedimiento por presuntas irregularidades en la concesión de la explotación del puerto deportivo. 

La Audiencia reabre la causa por prevaricación y malversación contra el presidente del Puerto

La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente un recurso interpuesto contra el auto judicial que en agosto del pasado año ordenó el sobreseimiento libre y total de la causa abierta contra el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, y otras dos personas por la comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La resolución del tribunal sobresee provisionalmente el procedimiento respecto del director del Puerto, César López, confirma el sobreseimiento libre y total de la causa en lo concerniente al jefe de la División de Explotación, José Miguel Morales, pero ordena su continuación en el caso de Torrado.

El procedimiento al que habrá de enfrentarse el presidente del Puerto tiene su origen en la querella que en octubre de 2011 interpuso la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta. La entidad argumentaba en ella la existencia de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación a la empresa Marina de Hércules (Mahersa) de la concesión para la explotación de las instalaciones náutico-deportivas del puerto, formalizada en febrero de 2006.

La querella aludía a supuestas diferencias entre los documentos publicados que sirvieron de base al concurso público y los que, finalmente, firmaron, la empresa y la Autoridad Portuaria. Además, sostenía que se había omitido en los rubricados un anexo que establecía límites al incremento de las tarifas por atraque y mantenía que se había propiciado una reducción de la cantidad que la empresa debía pagar en concepto de canon. En suma, los querellantes planteaban la concurrencia de una serie de actuaciones y resoluciones dirigidas a beneficiar a Mahersa.

 

Una “actividad llamativa”

Los argumentos empleados por la Audiencia Provincial desestiman algunas de las afirmaciones sobre las que los querellantes construyen sus imputaciones. Con todo, el auto subraya lo que califica como “actividad llamativa” del presidente de la Autoridad Portuaria. Aun cuando reconoce que “no existen elementos que permitan llegar a la conclusión de que pudiera haber obtenido algún lucro” con ella, el tribunal se muestra contundente a la hora de caracterizar la conducta de Torrado. “No sólo habría llevado a cabo una actuación que, conforme a los datos de los que se dispone, aparentemente sería contraria a la legalidad, sino que, además, groseramente quebrantadora de las normas desarrolladoras de la explotación por terceros del dominio público portuario en virtud de una concesión”, reza la resolución.

La Audiencia alega la existencia de indicios que apuntarían a que el presidente de la Autoridad Portuaria habría querido sobreponer su voluntad “por encima de las normas aplicables utilizando el ordenamiento jurídico de forma interesada o meramente caprichosa”. Son, precisamente, estas consideraciones las que sustentan la decisión del tribunal de ordenar la continuación del procedimiento contra Torrado por los trámites del procedimiento abreviado.

Las resoluciones dictadas por el presidente de la Autoridad Portuaria en julio del pasado año, que se tradujeron en la reducción de las tasas que debía abonar Mahersa, son escrutadas por el auto del tribunal. Según sostiene la Audiencia, indiciariamente las resoluciones dictadas por Torrado se adoptaron “a pesar de que no concurrían, al menos en todos los casos, los requisitos para ello, prescindiendo del procedimiento establecido a tal fin y sin competencia para decidirlo”.

La Audiencia reabre la causa por prevaricación y malversación contra el presidente del Puerto