López, Alí, Román y Mohamed se encuentran declarando ante la juez del caso Loma Colmenar

Los cuatro detenidos, a disposición judicial

Antonio López, Mohamed Alí, Susana Román y Rabea Mohamed han sido trasladados hasta las dependencias judiciales donde se encuentran declarando ante la juez del caso Loma Colmenar. La consejera de Economía y Hacienda ha viajado desde Madrid a requerimiento de la Policía Nacional. Nada más llegar a las dependencias policiales se le ha notificado su detención. Román es la última de las cuatro personas detenidas en el marco de la investigación abierta por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas. La juez formula acusaciones de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.  

La consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, ha sido formalmente detenida pasadas las cinco de esta tarde una vez que, a requerimiento de la Policía, se ha personado en las dependencias de la Jefatura Superior. Román es la última de las cuatro personas arrestadas en el marco de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial. La juez formula acusaciones de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. 

La consejera se encontraba de viaje en Madrid cuando fue exhortada por la Policía a presentarse en Ceuta. Para entonces, ya se habían producido las detenciones en Marbella del exgerente de Emvicesa Antonio López y las de la consejera Rabea Mohamed y el diputado por Caballas Mohamed Alí.

Las actuaciones policiales prosiguen su marcha y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Los detenidos permanecían en las dependencias policiales a la espera de ser trasladados al Palacio de Justicia para comparecer ante la juez. Minutos antes de su entrada en la la Jefatura, maleta en mano y en dirección a su domicilio, Román confesaba a los periodistas encontrarse bien de ánimo.

López es el único que se hallaba procesado en el mismo juzgado por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de las viviendas de la promoción de las 317 de Loma Colmenar.

Este miércoles comenzaba con el traslado a Ceuta desde Marbella de Antonio López, quien tomaba el barco de las ocho de la mañana en Algeciras para viajar bajo custodia policial.

La detención de López en su domicilio costasoleño por policías nacionales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) sorprendía por lo inesperado a quienes desde los medios de comunicación y las tribunas públicas seguían el caso de las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de viviendas de protección oficial. López está en el ojo del huracán del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 en el que es, hasta la fecha, el único imputado.

Pasadas las nueve y media, un vehículo de la Policía Nacional trasladaba hasta la Jefatura Superior al detenido. Los agentes atrajeron la atención de los periodistas gráficos que aguardaban la llegada de López mediante la añagaza de colocar ante la puerta principal del edificio un vehículo con las luces de sus sirenas. Mientras los fotógrafos acudían a la carrera al reclamo dispuesto por los agentes, otros policías aprovechaban para introducir al detenido por la puerta trasera.

Apenas dos horas más tarde, los agentes conducían fuera de las dependencias policiales al detenido para su traslado la vivienda que su familia posee en El Sadinero para proceder a un registro. En esos momentos, trascendía la noticia de la detención de Alí y Mohamed. Pasadas las seis de la tarde, López era trasladado al Placio de Justicia para comparecer ante la juez. Dos horas más tarde lo hacían Mohamed Alí, Susana Román y Rabea Mohamed. 

El caso de las 317

El 25 de junio de 2015 el diario “El Pueblo” publicaba un listado que pretendía ser el de los adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. La consejera Susana Román organizó entonces una rueda de prensa en la que aseguró que la lista publicada no tenía carácter oficial ni se correspondía con las órdenes que ella misma había impartido a López.

Inmediatamente, el Gobierno municipal y partidos de la oposición interponían acciones judiciales contra López. La investigación, que trata de determinar si las adjudicaciones se formalizaron de manera irregular, no suspendió el proceso de entrega de las viviendas. Las casas fueron otorgadas a sus beneficiarios después de que el Gobierno acordara continuar con el proceso.

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