caso emvicesa

El díscolo López

Un informe de la Consejería de Economía y Hacienda remitido al juez en el verano de 2015 acusaba a Antonio López de actuar como viceconsejero de Vivienda incluso cuando ya había sido destituido.

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photo_camera López acompaña a la exministra Ana Pastor durante una visita a las 317 de Loma Colmenar/ C.A.

“Nos encontramos ante una actuación personal, unilateral y desautorizada”. Con este argumento, extraído del informe que la Consejería de Economía y Hacienda remitió en julio de 2015 al Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, el Gobierno local confirmó su intención de marcar distancias respecto de las actividades de quien hasta apenas diez días atrás había sido su viceconsejero de Vivienda, Antonio López.

La investigación judicial abierta por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de vivienda pública dejó pronto a López aislado de quienes habían sido sus valedores hasta no mucho tiempo atrás. La ya conocida publicación de la denominada “lista fantasma”, una relación de supuestos adjudicatarios de vivienda en la promoción de las 317 de Loma Colmenar, difundida por el diario “El Pueblo”, fue el detonante de un escándalo que no ha hecho más que crecer desde entonces.

El infortunio de López arrancó cuatro días después, cuando la por entonces consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, presentaba ante el Juzgado una denuncia fundada en la publicación del listado.

El informe de la Consejería, fechado el 2 de julio, deja en evidencia a López, que en esos días, según detalla el documento, maniobró presuntamente, para cerrar los contratos de las viviendas con los supuestos beneficiarios de la “lista fantasma”, relación cuya legalidad el Gobierno había comenzado a negar.

Esta imputación aparece avalada en el texto remitido por la Consejería al juez por un funcionario de la empresa municipal de vivienda Emvicesa que, tan sólo veinte meses más tarde, sería detenido e imputado en el proceso junto a otros cuatro trabajadores de la sociedad.

El funcionario habría explicado al recién nombrado consejero de Fomento, Néstor García, que recibió de López un listado de beneficiarios junto a las órdenes de llamarlos telefónicamente para que acudieran a firmar sus contratos y recibir las llaves de las viviendas de las 317. El listado, según certifica el informe, coincidía con el publicado por el diario “El Pueblo”.

Según la Consejería, López habría desoído las instrucciones de la consejera Román y habría instado a la plantilla a acelerar la entrega de las casas. Con un añadido: el “díscolo” viceconsejero habría impuesto estas directrices cuando ya no ocupaba el cargo. “Cuando López dio esas órdenes, ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo como miembro de la Asamblea, ya que cesó el 12 de junio de 2015, fecha previa a la formación de la nueva Corporación, y como viceconsejero estaba cesado desde fecha 22 de junio”, argumentaba el informe.

Con las investigaciones apenas comenzadas, muy pocos de los implicados podían imaginar la dimensión que alcanzaría un caso que, a día de hoy, se ha cerrado con el ingreso en prisión de López y la detención e imputación de tres diputados a la Asamblea –uno de ellos, la firmante de la denuncia, Susana Román.

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