Decreta libertad con cargos para los cuatro marroquíes por falsificación de documentos

La autoridad judicial envía a prisión a uno de los gestores detenidos por un delito contra la Seguridad Social

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Ceuta, aunque el que lleva el caso es el Número 2, ha decretado hasta el momento el ingreso en prisión sin fianza para uno de los gestores detenidos en la Operación Paloma llevada a cabo el lunes por la Policía Nacional por presunto fraude a la Seguridad Social

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photo_camera Imagen del interior del juzgado (C.A.)

Los trece detenidos en la operación han sido puestos a disposición judicial esta mañana y hasta el momento aún restan algunos por prestar declaración. Pese a ello, Ceuta Actualidad ha podido saber por fuentes cercanas al caso que la autoridad judicial ha decretado prisión sin fianza para uno de los gestores arrestados en la operación, quedando en libertad con cargos los cuatro ciudadanos originarios de Marruecos.

Al primero de ello, el gestor se le acusa, entre otros, de presuntos delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social, mientras que a los marroquíes sólo delitos de falsificación de documentos. El resto aún permanecen en dependencias judiciales prestando declaración

La denominada Operación Paloma, que ha permitido la detención hasta el momento de trece personas, ha supuesto dos años de investigaciones en torno a las actividades de dos gestorías radicadas en Ceuta.  

La confección de los contratos requirió, tal y como avanzó Ceuta Actualidad, del concurso de empresarios gestores y personas autorizadas con clave para su elaboración. Éstos últimos serían los encargados de acceder a las aplicaciones telemáticas donde se colgaban los datos de los presuntos trabajadores y sus contratos a fin de que el Servicio de Empleo Público Estatal y la Tesorería de la Seguridad Social procedieran a darlos de alta.

Los contratos se redactaban en las gestorías implicadas para empresas que daban de alta a los supuestos trabajadores para las que, en ningún caso, llegaron a prestar servicio. Los implicados hacían uso de estos contratos sin necesidad de abonar las cuotas de la Seguridad Social.

 

Tarifas

Las tarifas de la red dependían de la modalidad del contrato solicitado. Así, los compradores pagaban 850 euros por contratos de corta duración, 3.000 por contratos de seis meses y 6.000 si el compromiso laboral se prolongaba durante uno o más años.

Los miembros del grupo, que han mantenido su actividad durante largo tiempo, actuaban de manera coordinada y tenían asignadas funciones concretas.

Todos ellos estaban aleccionados para saber cómo conducirse en caso de una vista de los inspectores de Trabajo y disponían de un perfecto conocimiento del sistema establecido para las altas de los trabajadores.

Hasta el momento han sido detenidos cuatro propietarios de asesorías, una de sus empleadas y otros dos empresarios, a los que se acusa de la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social, falsedad de documentos públicos y asociación ilícita. También han sido arrestados cuatro marroquíes y dos españoles como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y de falsedad documental.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en estrecha colaboración con la Oficina de Extranjeros, el Servicio de Empleo Público Estatal, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en especial, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.