La investigación de un asesinato aportó los primeros indicios para desvelar la trama creada en torno a Emvicesa

Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez en el marco de la investigación del asesinato de un joven cometido en junio de 2014 destaparon la existencia de un grupo de personas dedicadas a proporcionar viviendas públicas a cambio de dinero. 

La trama de sobornos, tráfico de influencias y empleo de bienes público para enriquecimiento personal que ha desvelado el “caso Emvicesa” comenzó a investigarse de manera inopinada a raíz de un asesinato cometido en junio de 2014. La interceptación de las comunicaciones telefónicas practicadas por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) a los sospechosos del crimen condujeron a un grupo de individuos dedicados a ofrecer viviendas en la promoción pública de las 317 de Loma Colmenar a cambio de dinero.

Un vigilante empleado, precisamente, en las obras de las 317, acaba siendo identificado como el gestor de la captación de potenciales clientes interesados en adquirir irregularmente una de las viviendas públicas. Las escuchas telefónicas llevan a los agentes hasta E.A.A.A., a quien la Policía adjudica la labor de captadora. “Escucha, le he dicho 10, le he dicho 10 pero yo no le conozco, yo te enseño al hombre y tú te entiendes con él, para que no se crea que... ¿Entiendes?”, explica la mujer a A.H.M. para confirmarle que ha concertado una cita con un comprador interesado.

Los investigadores concluyeron entonces la existencia de un grupo de personas que ya en 2014 se encontraban buscando clientes dispuestos a adquirir viviendas de manera ilícita a cambio del pago de “una importante cantidad de dinero”.

La “Operación Reina”, abierta para el esclarecimiento del asesinato cometido en junio, aportaba indicios que después servirían para montar la “Operación Ghost”, que sacaría a la luz un complejo entramado en el que la Policía sitúa a políticos con responsabilidades sobre la adjudicación de vivienda pública, compradores e intermediarios.

 

La “lista fantasma”

La publicación en el diario “El Pueblo” de un listado de presuntos adjudicatarios de la promoción de las 317 viviendas de Loma Colmenar abriría el camino a la “Operación Ghost”, cuyas pesquisas acabarían conduciendo a la detención de 29 personas, entre ellas los diputados Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed y el exgerente de la empresa de la vivienda Emvicesa Antonio López.

La divulgación del listado, reputado de falso por el Gobierno municipal desde un principio, motivó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3, presentada por la entonces consejera de Economía y Hacienda, Susana Román.

La investigación de esta denuncia abría la posibilidad de ahondar en los indicios ya desvelados a través de las escuchas ordenadas en el marco de la “Operación Reina”.

 

Red criminal

“Red criminal” y “trama de corrupción política” son los términos que la Policía utiliza para describir a las personas implicadas en lo que popularmente se ha conocido como “caso Emvicesa”. Precisamente, el de organización criminal es uno de los delitos que los investigadores atribuyen a algunas de las personas imputadas en el procedimiento. Pero, ¿cómo se organizaba esta red?

Las conclusiones de la investigación señalan al exgerente de Emvicesa como el “cabecilla y cerebro de la trama delictiva”. Antonio López, actualmente en prisión preventiva, estaría apoyado por H.A. y los trabajadores de Emvicesa S.V., I.M., M.G. y T.S., encargados, según la Policía, de ayudarle a solucionar “los problemas que se susciten”. La labor de intermediación entre López y sus clientes correría a cargo de cuatro personas identificadas en los autos como H.A., A.A., A.A. y A.A.M. La organización dispondría también de “captadores”, funciones que recaerían en una mujer, E.A.A.L., y un hombre, S.A.M.

 La relación entre López y sus “clientes” habría estado marcada por toda una serie de desencuentros y desconfianzas, determinadas por el incumplimiento de las promesas contraídas al que las circunstancias obligaban al exgerente. La conocida como “lista fantasma” contendría los nombres de quienes accedieron a la oferta de la red para la adquisición de las viviendas, aunque la Policía reconoce que esta imputación no puede hacerse extensiva a todas las personas que aparecen en la relación.

López habría instituido la figura de los “compromisos” para satisfacer con viviendas correspondientes a las 317 la demanda de aquellos clientes que, “por un exceso de demanda”, no pudieron acceder a una casa en una promoción anterior, la de las 170 viviendas.

Con todo, en no pocas ocasiones, López se vio obligado a reintegrar el dinero a los compradores. Según las escuchas telefónicas, estos pagos iban desde los 5.000 a los 20.000 euros.

 

La Comisión Local de la Vivienda

La responsabilidad penal que la investigación asigna a los cargos públicos investigados se deriva, fundamentalmente, de su pertenencia a la Comisión Local de la Vivienda, órgano encargado de la adjudicación de las casas. En tal situación se encontraban los parlamentarios Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí.

Los reproches que los investigadores hacen a los miembros de la Comisión no son pocos: la ausencia de listados provisionales y definitivos de adjudicatarios, la entrega de llaves y la firma de contratos varios meses antes de la reunión que aprobaba definitivamente la relación de beneficiarios, además de la falta de una baremación que sirviera de criterio para la entrega de las casas.

El informe policial es taxativo en este punto: “Es evidente que Antonio López no tiene capacidad por sí solo para poder para realizar la adjudicación de las viviendas sin la permisividad de la Comisión Local de la Vivienda, que con su actitud omisiva al cumplimiento de la normativa, facilitó (a López) cometer los delitos de cohecho y, por ende, el entramado criminal que tenía estructurado”.

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