La consejera de Educación, Rabea Mohamed, y el diputado a la Asamblea por Caballas, Mohamed Alí, han sido detenidos por la Policía Nacional en relación con la investigación abierta por la adjudicación de viviendas de protección oficial.
La detención de los dos diputados continúa con una operación que arrancaba este martes con la detención en Marbella de Antonio López, exgerente de Emvicesa y viceconsejero de Vivienda.
La dimensión política del escándalo suscitado en torno a la concesión de vivienda pública va adquiriendo consistencia. Mientras Alí y Mohamed permanecían en las dependencias policiales, Antonio López era trasladado a Ceuta desde la capital costasoleña. Quien fuera gerente de la sociedad municipal Emvicesa y viceconsejero de la Vivienda tomaba el barco de las ocho de la mañana en Algeciras para viajar bajo custodia policial.
La detención de López en su domicilio de Marbella por policías nacionales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) sorprendía por lo inesperado a quienes desde los medios de comunicación y las tribunas públicas seguían el caso de las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de viviendas públicas. López está en el ojo del huracán del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 en el que es, hasta la fecha, el único imputado.
Pasadas las nueve y media, un vehículo de la Policía Nacional trasladaba hasta la Jefatura Superior al detenido. Los agentes atrajeron la atención de los periodistas gráficos que aguardaban la llegada de López mediante la añagaza de colocar ante la puerta principal del edificio un vehículo con las luces de sus sirenas. Mientras los fotógrafos acudían a la carrera al reclamo dispuesto por los agentes, otros policías aprovechaban para introducir al detenido por la puerta trasera.
Apenas dos horas más tarde, los agentes conducían fuera de las dependencias policiales al detenido para su traslado al domicilio que mantiene en El Sardinero para proceder a un registro. En esos momentos, trascendía la noticia de la detención de Alí y Mohamed.
Mientras, la Policía continúa con sus actuaciones con la discreción a la que le obliga el secreto del sumario. La posibilidad de que puedan practicarse nuevas detenciones no ha sido todavía descartada.
El caso de las 317
El 25 de junio de 2015 el diario “El Pueblo” publicaba un listado que pretendía ser el de los adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. La consejera Susana Román organizó entonces una rueda de prensa en la que aseguró que la lista publicada no tenía carácter oficial ni se correspondía con las órdenes que ella misma había impartido a López.
Inmediatamente, el Gobierno municipal y partidos de la oposición interponían acciones judiciales contra López. La investigación, que trata de determinar si las adjudicaciones se formalizaron de manera irregular, no suspendió el proceso de entrega de las viviendas. Las casas fueron otorgadas a sus beneficiarios después de que el Gobierno acordara continuar con el proceso.
