El número de detenidos en el marco de la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de viviendas de protección oficial se eleva ya a doce. Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) han arrestado durante la mañana de este viernes a ocho personas. Todas ellas han sido puestas a disposición judicial.
A primeras horas de la mañana, los policías se personaban en la sede de la sociedad municipal de la vivienda Emvicesa. Pasadas las once, cinco de los trabajadores de la empresa eran conducidos en calidad de detenidos a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. Poco después, todos ellos volvían a las oficinas de la sociedad donde permanecieron por espacio de dos horas antes de regresar a las dependencias policiales.
Previamente, la Udyco había detenido a un policía portuario y al empleado de una compañía naviera, quienes, según ha trascendido, estarían acusados de la presunta comisión de un delito de cohecho.
El rosario de arrestos se cerraba con la detención de un empresario.
Todas estas actuaciones se suman a las practicadas el miércoles y el jueves, intervenciones que permitieron la detención del exgerente de Emvicesa, Antonio López, las consejeras de Economía y Educación, Susana Román y Rabea Mohamed, respectivamente, y el diputado a la Asamblea por Caballas Mohamed Alí. Todos ellos están siendo investigados como presuntos autores de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 decreto prisión incondicional para López a quien, además de los atribuidos al resto de detenidos, también se le imputa un delito de cohecho.
El exgerente de Emvicesa es el único que se hallaba procesado por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de las viviendas de la promoción de las 317 de Loma Colmenar.
La Policía también se ha incautado de un ordenador requisado en el Ayuntamiento.
El caso de las 317
El 25 de junio de 2015 el diario “El Pueblo” publicaba un listado que pretendía ser el de los adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. La consejera Susana Román organizó entonces una rueda de prensa en la que aseguró que la lista publicada no tenía carácter oficial ni se correspondía con las órdenes que ella misma había impartido a López.
Inmediatamente, el Gobierno municipal y partidos de la oposición interponían acciones judiciales contra López. La investigación, que trata de determinar si las adjudicaciones se formalizaron de manera irregular, no suspendió el proceso de entrega de las viviendas. Las casas fueron otorgadas a sus beneficiarios después de que el Gobierno acordara continuar con el proceso.
