La idea de que el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno no es sino una prolongación de las sucesivas campañas electorales que hemos vivido a lo largo del último año va ganando crédito.
Cuarenta años de democracia nos habían enseñado a aceptar que las promesas y compromisos de los partidos políticos perdían vigencia en el momento mismo en el que los ciudadanos acudían a las urnas. A partir de ahí, llegaba el tiempo de exigir el cumplimiento de la palabra dada, pero esa era otra historia.
Ahora, con el advenimiento de los nuevos modos en política, las promesas han ampliado sus plazos de caducidad. Vamos al colegio electoral, votamos y cuando suponíamos que llegaba el momento en el que los responsables políticos debían asumir su responsabilidad resulta, para pasmo general, que aún andamos tirando de reclamos electorales.
El espectáculo ofrecido en el transcurso de las dos sesiones de investidura a las que hemos asistido en lo que va de año pone de manifiesto que no existe en ningún partido político una voluntad real de desatorar el marasmo institucional en el que se halla sumido el país. No hay una propuesta sólida, creíble, sensata y responsable que permita abrir un diálogo para la configuración de un gobierno.
Habremos de pensar que, en el fondo, a nadie le importa en realidad que se celebren unas terceras elecciones.
