Marruecos ha advertido a la Unión Europea de que dejará de constituirse en muro de contención de los flujos migratorios si sus intereses no son defendidos. La llamada de atención de las autoridades marroquíes invita a reflexionar acerca del modelo de regulación migratoria que España y sus socios europeos han forjado con países terceros.
Un dictamen de la justicia europea que cuestionaba la aplicación del acuerdo agrícola Marruecos-UE al territorio del Sáhara Occidental levantó la ira de Rabat. Su amenaza de reconsiderar su labor de control sobre los migrantes que atraviesan su territorio camino de Europa parece, sin embargo, poco más que un golpe sobre la mesa, una advertencia que señala a los europeos su dependencia de la voluntad de Marruecos en este ámbito. Las aguas volverán a su cauce. Pero la conducta del país vecino debería llevar a los gobiernos de la Unión a detenerse a pensar qué diablos están haciendo.
La UE ya se garantizó la colaboración de Turquía para frenar la llegada de refugiados a través de sus fronteras orientales. La vulneración de los derechos humanos inherente a la aplicación de aquel pacto no parece haber conmovido hasta la fecha a los socios europeos, al menos en la medida en que debería de haberlo hecho. Han conseguido, además, que un político como Erdogan, cuyos tics autoritarios resultan a estas alturas evidentes, se sienta seguro.
Lo que vale para Turquía vale, mutatis mutandis, para Marruecos. España ha hecho oídos sordos a la conculcación de los derechos humanos en la que incurre de manera sistemática en su lado de la valla nuestro apreciado socio del sur, aplicado colaborador en la tarea de contener como sea las mareas humanas que aspiran a alcanzar el continente.
Pero, ¿y si Rabat llegara algún día a cumplir su amenaza? ¿Cuál sería la respuesta de las autoridades españolas y europeas? ¿Qué margen de reacción les quedaría para afrontar el reto de una frontera desguarnecida en el otro lado? España ha fraguado su política migratoria conforme a una concepción de la gestión fronteriza casi estrictamente militar. Si los socios desertan de sus compromisos, el panorama se ensombrece.
Antes de que alguna vez pudiera plantearse este escenario, España y Europa deberían comenzar a valorar los beneficios que le reportaría un cambio de modelo. Un continente europeo más generoso, más implicado en la defensa de los derechos de los recién llegados, más consciente de su responsabilidad en el fomento de las economías y las democracias de los países africanos, persuadido de que una gestión inteligente de la migración no consistirá nunca en elevar la altura de las vallas, podría constituir un ejemplo para el mundo.
No dependeríamos, además, de terceros países a quienes recurrimos para asumir la faena que nuestra sensibilidad europea sería incapaz de afrontar. Pero nuestros líderes siguen empeñados en el mismo afán: ¿por qué convertirnos en ejecutores de aquellas infamias que los principios sobre los que se fundan nuestras civilizadas sociedades nos impiden cometer si las podemos subcontratar?
La pregunta, terrible, encontraría entonces respuesta: quizás no sea necesario despreciar los derechos de los extranjeros para mantener fronteras seguras.
