El Gobierno de Melilla ha alertado de su incapacidad para ofrecer una atención adecuada a los menores extranjeros no acompañados que tutela. En Ceuta, el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, tampoco ha ocultado su preocupación por las consecuencias de este fenómeno de inmigración infantil. Quizás sea tiempo de plantearse qué hacer para garantizar el bienestar de estos jóvenes migrantes que, quiérase o no, son responsabilidad de las autoridades españolas.
Los dirigentes vecinales de distintas barriadas de la ciudad han puesto sobre la mesa su inquietud por el incremento de los actos delictivos que asocian a la presencia en las calles de los menas. Quizás, los portavoces de las asociaciones de vecinos deberían ser más prudente en sus discursos, al menos tanto como ha demostrado serlo el consejero Hachuel, quien ha advertido contra las tentaciones de criminalizar a los menores.
Probablemente sea tiempo de que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y asuman la responsabilidad que les cabe en velar por el cumplimiento del espíritu y la letra de la Ley de Protección del Menor. Sería una buena noticia para los gobiernos de las dos ciudades autónomas y para los propios niños.
Por cierto, habría sido un gesto que los presidentes Vivas e Imbroda, en su reciente encuentro en Málaga, hubieran incluido en su agenda de asuntos para tratar la situación de los menas.
