La decisión de los empresarios del polígono Tarajal 2 de imponer tasas al paso de los porteadores que acarreen bultos con productos textiles y calzado ha causado estupefacción en la Delegación de Gobierno. No es extraño. La medida ha sorprendido a una opinión pública que, en lo que respecta a la crisis de la frontera, debería de estar, a estas alturas, curada de espanto.
Las autoridades llevan años buscando una salida al que quizás sea, hoy por hoy, el más acuciante de los problemas a los que ha de enfrentarse Ceuta. A falta de una intervención radical sobre las infraestructuras fronterizas, la Delegación del Gobierno ha ido ideando expedientes que, desgraciadamente, se han revelado ineficaces.
La ocurrencia de los empresarios de Tarajal 2 añade un nuevo factor de incertidumbre a la vida en el entorno fronterizo. Quizás la imposición de una tasa a los porteadores resulte una medida providencial para acabar con los problemas que genera el denominado comercio del bulto, pero es lícito albergar dudas al respecto. El hecho de que ni la Delegación del Gobierno ni el resto de las comunidades de propietarios del polígono hayan mostrado el más mínimo entusiasmo por la propuesta arroja algunas pistas. Habrá que estar atento.
