Opinión

Sentencia

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que la Ciudad de Ceuta no puede nombrar como miembros del Gobierno a personas no elegidas en las urnas. El actual equipo del presidente Vivas integra a dos consejeros en estas circunstancias.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que la Ciudad de Ceuta no puede nombrar como miembros del Gobierno a personas no elegidas en las urnas. El actual equipo del presidente Vivas integra a dos consejeros en estas circunstancias.

El Partido Popular lleva años defendiendo la capacidad del presidente de la Ciudad de designar sin limitaciones a los miembros de su Gobierno. En ello, argumenta, se dilucida el grado de autogobierno efectivo de Ceuta. Si se nos niega esta competencia, se nos está negando la autonomía, sostienen.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA discrepa en este punto. Ceuta es una entidad local y, como tal, está sujeta a las limitaciones que su naturaleza jurídica le impone. No cabe que una persona no electa forme parte del Gobierno, argumenta el tribunal.

La sentencia del TSJA confirma la “ilegalidad” e “inconstitucionalidad” del nombramiento como viceconsejera de la popular Adelaida Álvarez. Este pronunciamiento inequívoco hurta argumentos al Gobierno popular, cuyos responsables habían alegado hasta el momento otras sentencias del mismo tribunal que, referidas a otros casos idénticos, estimaban sus recursos contra la nulidad de los nombramientos dictada por los juzgados de lo Contencioso ceutíes. En estas resoluciones, el TSJA, al contrario de lo que ha hecho ahora, se abstenía de entrar al fondo de la cuestión y se limitaba a argumentar la falta de legitimación del denunciante, el sindicato FSP-UGT.

Las cosas ahora son distintas. El Gobierno se las ha de ver con una sentencia judicial que tumba sus argumentos y que, además, pone en cuestión la situación de sus consejeros Kissy Chandiramani y Javier Celaya, ambos recientemente nombrados y ninguno de ellos elegidos en las elecciones de 2015. Si las tesis del TSJA se mantienen, no sólo estará en entredicho la situación de Chandiramani y Celaya en el Gobierno sino también los actos administrativos que avalen en su condición de consejeros.