Unos días antes del 10-N el Partido Popular elevó a la Junta de Portavoces de la Asamblea una declaración institucional para condenar “los actos violentos protagonizados por elementos radicales en Cataluña”.
La iniciativa no sentó bien entre los portavoces que asistieron a la reunión y fue retirada a petición de las formaciones políticas que concurrían a las elecciones: PSOE, MDyC y Vox porque, según interpretaron, el PP quería convertir una declaración institucional en un mensaje electoralista, negándose a aprobar el citado texto.
En la declaración se exponía que “la Asamblea de la Ciudad Autónoma reafirma su rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución, la legalidad vigente y los principios, derechos y libertades que de ella emanan”.
El texto se refería a que “frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos” y que “gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto constatada la fortaleza y la vigencia de Estado de Derecho”.
La declaración concluye con que “resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos, mostrar el reconocimiento de todos los españoles a la ejemplar y abnegada labor que llevan a cabo estos servidores públicos. Por todo ello, la Junta de Portavoces declara su más firme condena de los actos violentos y manifiesta su solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación, y muestra su apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Policía Autonómica Catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos”.
