En el mes de agosto la inmigración vuelve a ser la protagonista.
El 22 de agosto, 116 migrantes consiguen saltar la valla y acceder a territorio español. De nuevo, los migrantes utilizan la fuerza y hay guardias civiles heridos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad temen que ésta vaya a ser la tónica de las entradas futuras.
Hacía apenas un mes 602 migrantes franqueaban el vallado, pero en esta ocasión las consecuencias serían distintas.
Para asombro de todo el mundo, el Gobierno, amparándose en un viejo convenio con Marruecos, ordena la devolución de los recién llegados al país vecino.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sostiene que la devolución es un mensaje claro a las mafias.
Las devoluciones no son aprobadas por todo el mundo, 48 entidades se posicionan en contra de esta iniciativa.
La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, asegura que las devoluciones se van a seguir repitiendo siempre y cuando entren de manera violenta.
Paralelamente, la Guardia Civil detiene en el CETI a diez migrantes acusados de organizar el salto del 26 de julio. Los agentes identifican a un togolés como el líder del grupo.
A finales de agosto, el juez manda a prisión a dos migrantes como cabecillas del salto y deja en libertad con cargos al resto de los detenidos.
La Audiencia reabre el caso del 6-F
El procedimiento había sido archivado el 26 de enero de este mismo año por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta.
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Un ceutí de 34 años es asesinado a tiros frente a su casa de Estepona.
Por otro lado, en agosto la frontera fue visitada por varias personalidades. El primero en aparecer fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que le siguió el presidente del PP, Pablo Casado.
El último en aparecer fuer el director general de la Guardia Civil que prometió más medios materiales y personales.
Algunos bancos llegan a cancelar las cuentas de varios de ellos.
Los empresarios, muchos de ellos radicados en el polígono de El Tarajal, reclaman explicaciones con movilizaciones ante las sucursales.
A partir de aquí comienzan a surgir reacciones. Las autoridades antiblanqueo niegan haber limitado el uso de billetes grandes en los bancos. El Gobierno se pone del lado de los empresarios afectados.
Delegación recuerda que los bancos pueden aplicar las medidas que crean necesarias para cumplir la ley.
La Confederación de Empresarios replica a la Delegación que la operativa de los bancos perjudica a la economía local.
Por último, el Banco de España niega haber dado órdenes para el bloqueo y anulación de cuentas corrientes.
