No fue hasta el pasado noviembre cuando la juez Raquel Lucini dio por cerrada la investigación judicial abierta por la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial. La detención en febrero de 2017 de quien fuera viceconsejero de Vivienda y gerente de la sociedad municipal Emvicesa, Antonio López, dio pie a un escándalo político que implicó, además, a tres diputados de la Asamblea.
El 19 de noviembre, la juez dictaba un auto de procesamiento contra 60 personas a las que se considera implicadas en una red que habría traficado con viviendas de protección bajo la dirección de López, a quien Lucini atribuye la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
López sería así el cabecilla de un grupo de intermediarios dedicados a la caza de compradores de vivienda pública que conseguían un título sobre las casas gracias a la manipulación de las listas de adjudicatarios.
Las implicaciones políticas del ya conocido como caso Emvicesa no proceden solo de la acusación contra López. La Policía Nacional también detuvo en febrero de 2017 a las diputadas y consejeras del Gobierno del PP Rabea Mohamed y Susana Román y al parlamentario a la Asamblea y coordinador de Caballas, Mohamed Alí. Los tres suman nueve imputaciones por prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias. Mohamed y Román abandonaron inmediatamente sus responsabilidades de gobierno y sus escaños en la Asamblea. Alí sigue siendo portavoz de Caballas en el pleno municipal y el líder de su organización.
La investigación también señala a cinco trabajadores de Emvicesa, a tres individuos que actuarían como intermediarios entre López y los compradores, al exgerente del PP José María González Barceló y a otras 47 personas a quienes se atribuye la presunta comisión de un delito de cohecho.
La investigación ha mantenido en alerta durante más de un año al PP, el partido que avaló la gestión de López al frente de Emvicesa y que cuenta con dos destacados antiguos altos cargos entre los imputados. La certeza de que la celebración del juicio se demorará todavía varios meses inquieta a los populares, quienes avistan con incertidumbre la proximidad de las próximas elecciones municipales.
Trabajadores en la Gran Vía, cuya obra de remodelación ejecuta la sociedad estatal Tragsa (C.A./ARCHIVO)
Pero el auto del caso Emvicesa no fue el único sobresalto que procuró noviembre a los populares. Unos días antes, la Audiencia Provincial ordenaba al Juzgado de Instrucción número 2 que continuara con las investigaciones por la presunta concurrencia de irregularidades en la ejecución del proyecto de la obra de reforma de Gran Vía y zonas aledañas.
El mar devuelve el cadáver de un hombre
El sábado 10 de noviembre, el mar devolvía a la playa de San Amaro el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Horas más tarde, la noticia del hallazgo ocasionaba enfrentamientos y disturbios en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) entre residentes subsaharianos y argelinos. Los primeros relacionaron la aparición del cuerpo con la desaparición de un compañero en los días previos, y acusaban a los norteafricanos de ser los responsables de su muerte. La Delegación del Gobierno acabaría identificando al fallecido como un subsahariano acogido en el CETI aunque descartó que el cadáver presentara señales de violencia.
Agentes cubren el cuerpo sin vida del hombre hallada en la playa de San Amaro (C.A./ARCHIVO)
El incidente coincidía con las movilizaciones que en semanas anteriores protagonizó un grupo de argelinos frente a la sede de la Delegación. Los migrantes denunciaban ser víctimas de lo que presentaban como una mafia dedicada a extorsionarles y amedrentarles.
En esos días, las fuerzas de seguridad desarrollaron varias actuaciones que permitieron la detención de grupos de individuos dedicados al tráfico de migrantes, a quienes en no pocos casos estafaban con la promesa de conducirlos hasta la Península. En una de estas intervenciones, la Policía Nacional detuvo a tres individuos de nacionalidad española y a un argelino que embaucaron a residentes en el CETI a quienes hacían creer que a cambio de 1.000 euros podrían trasladarlos hasta las costas andaluzas en un buque de recreo. El argelino arrestado, también residente en el centro de acogida, era el encargado de captar a sus compatriotas, quienes, confiados en su palabra, aceptaban el trato.
¡Que vuelven los rusos!
Los rusos volvieron a Ceuta tras dos años de ausencia. El crucero antimisiles “Marshal Ustinov”, el remolcador SB-406 y el buque tanque “Dubna” atracaban el 9 de noviembre en las instalaciones portuarias por primera vez desde que la crisis que en octubre de 2016 puso fin a las escalas de la armada rusa en la ciudad.
Un episodio que implicó a Rusia, EEUU y la OTAN acabó en 2016 con unas visitas que constituían el orgullo de la Autoridad Portuaria. Los responsables del puerto habían presentado casi como una relación familiar la que se había entablado entre Ceuta y los militares rusos, un reclamo publicitario que llenaba de color las calles de la ciudad. Pero la presencia de una flotilla rusa en aguas del Estrecho con destino a Siria y escala en Ceuta despertó las suspicacias del Gobierno estadounidense y la OTAN, que ejercieron su influencia para evitar que la estampa volviera a repetirse. La crisis concluyó con un pacto entre España y Rusia: los españoles solicitarían a Moscú una ampliación de información sobre la escala de los tres buques autorizados a recalar en Ceuta e, inmediatamente, el Kremlin anunciaría su decisión de retirar la solicitud de permiso. Sus buques no volverían a la ciudad. Y así fue hasta el pasado noviembre.
También fue noticia
A finales de mes, la empresa Hélity inauguraba su línea aérea entre Ceuta y Melilla. La compañía de helicópteros anunció que el nuevo servicio ofrecería ocho vuelos semanales con un precio para residentes de 78 euros.
Paralelamente, Hélity amenazaba con suspender sus vuelos a Algeciras en diciembre si el Ministerio de Fomento no propiciaba un abaratamiento de las tasas aeroportuarias que la empresa está obligada a abonar. La Ciudad salió en defensa de las demandas de la compañía que, finalmente, no cumplió su ultimátum.
Los dos acusado de la agresión a Hicham, de espaldas frente al tribunal (CA./ARCHIVO)
La Audiencia Provincial condenó a un total de 2 años y 10 meses de prisión a Julio A.A., el legionario que el 15 de octubre de 2016 hirió gravemente de un disparo al joven Hicham Mohamed frente a la sede de la Jefatura Superior de Policía. Junto a él, también fue condenado a 6 meses de prisión por la comisión de un delito de encubrimiento Óscar R.P., el legionario que le acompañaba en el momento de los hechos.
Hicham fue agredido cuando trataba de proteger a unos adolescentes contra a quienes los militares habían comenzado a acosar.
El periodista Higinio Molina (RTVCE)
Noviembre también fue el mes de las pérdidas. El periodista de Radio Televisión Ceuta Higinio Molina y el empresario José María Borrás fallecían en Sevilla y Jerez, respectivamente.
