46 años de Constitución: un balance desde el derecho a la vivienda en Ceuta
En su 46º aniversario, la Constitución Española nos invita a reflexionar sobre sus ideales y la distancia entre ellos y la realidad. El derecho a la vivienda, uno de sus principios fundamentales, sigue siendo un reto por resolver
La Constitución Española de 1978, que hoy cumple 46 años, fue ratificada por una abrumadora mayoría en referéndum, marcando un paso crucial en la transición del régimen franquista a una democracia moderna. Se presentó como el marco político y jurídico fundamental de España, sobre el que se asientan los derechos fundamentales, las libertades públicas, los principios de actuación de los poderes públicos, y la organización institucional y territorial del Estado. Hoy, tras casi medio siglo, sigue siendo el eje del sistema, aunque "peina canas" y cada vez son menos los españoles –y por extensión, los ceutíes– que tuvieron la oportunidad de votarla. Solo aquellos mayores de 67 años recuerdan aquella Ceuta del Régimen del 78.
En este aniversario, ponemos el foco en uno de los artículos más citados de la Carta Magna, junto al 35: el artículo 47, que consagra el derecho a la vivienda.
Hace 46 años, Ceuta tenía una población censada de poco más de 64.600 habitantes, y la vivienda ya era un problema acuciante. En ese contexto, se concluyó la construcción de las 806 viviendas VPO de Juan Carlos I, un conjunto residencial compuesto por 62 bloques de 13 viviendas cada uno. Este proyecto, originalmente concebido para alojar a altos funcionarios del Sáhara que regresaron tras la "Marcha Verde", acabó dando un hogar digno a muchas familias que vivían en chabolas, tras el rechazo de los retornados a asentarse en la zona.
Hoy, con más de 83.000 habitantes censados en Ceuta, el chabolismo ha sido erradicado, pero la escasez de vivienda sigue siendo un desafío político y social de primer orden. El artículo 47 de la Constitución establece que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para garantizar este derecho. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de este ideal, dejando pendiente un debate sobre cómo hacerlo efectivo en un contexto de creciente desigualdad y especulación.
Medio siglo después, la vivienda sigue constituyendo un problema y muchos más si es vivienda de protección oficial que, durante los últimos años, se ha convertido en un artículo de lujo debido a su escasez.