El Gobierno se plantea recurrir para no pagar a la familia de la asesinada en Parques de Ceuta
El consejero Alejandro Ramírez cree que el hecho de no quitarle el arma al policía local que asesinó a su mujer no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo, en contra de lo que consideran los jueces
El Gobierno considera que no retirar el arma al policía local que mató a su mujer en Parques de Ceuta no es responsabilidad del Ejecutivo -en contra de lo que entiende la justicia- y se plantea recurrir la sentencia que coloca a la Ciudad como responsable subsidiaria para no pagar la indemnización a la familia de la fallecida. Esa fue, en resumen, la tesis que sostuvo este jueves el consejero Alejandro Ramírez en una comparecencia en la base de Servilimpce.
Preguntado por el fallo judicial que critica la "absoluta desidia" de la Administración local en los controles psicológicos a los agentes municipales, el representante del Gobierno optó por sacudirse la responsabilidad. "Son procedimientos técnicos y que están reglados, en este caso, a través del Servicio de Prevención de la Ciudad o también a través de la propia Jefatura, y que dentro de esos procedimientos, si los valoramos, es una cuestión que políticamente poco podemos intervenir", llegó a plantear el portavoz.
De primeras, Ramírez habló de "acatar" cualquier tipo de sentencia judicial, para rápidamente revelar que "los servicios jurídicos están estudiando y analizando" el contenido del fallo "al objeto de poder también llevar algún tipo de recurso, a lo mejor, al respecto".
Esto implica que, la Ciudad volverá a intentar no pagar -como ya tratara de defender durante el juicio- a la familia de la mujer que fue asesinada por un agente municipal utilizando el arma reglamentaria. Una pistola que a ojos de los magistrados no debía tener por su condición mental.
Los medios también cuestionaron a Ramírez sobre si se intensificarán los controles en el cuerpo o si incluso "rodará alguna cabeza" como responsable de los fallos en la supervisión de a quién se le dan pistolas como evidencia la resolución judicial. Su respuesta fue vaga: "En base a la sentencia se analizarán también los diferentes procedimientos internos que en este caso aplica la Ciudad, pero, repito, hablamos de procedimientos que a día de hoy, todo lo que tiene que ver con temas en materia de prevención de riesgos, que es lo que nos centra fundamentalmente, son procedimientos muy reglados y que son procedimientos muy técnicos los que van marcando los pasos que se tienen que ir dando en situaciones de personal, en este caso", alcanzó a indicar.
La fuerte crítica del tribunal a la gestión del Gobierno
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta se sumó en sentencia emitida ayer miércoles a las críticas a la forma de hacer del Ejecutivo local. Todo a colación del asesinato de Mari Ángeles Lozano, a quien quitó la vida su marido, policía municipal, empleando el arma reglamentaria. La Ciudad ha sido considerada responsable subsidiaria del pago de 875.000 euros de indemnización, lo que implica que si el condenado no puede abonar la cuantía, serán los impuestos de los vecinos los que se utilicen para ello.
En el capítulo de hechos probados -en este caso marcados por el jurado popular que estuvo presente en el juicio- la resolución recoge que "el servicio de Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma de Ceuta realizaba controles de salud sociolaboral periódicamente al menos hasta el año 2019, basadas en una encuesta en la que la información se proporcionaba por los mismos trabajadores". Es decir, sin un diagnóstico médico, ni siquiera en el caso de este hombre, al que ya habían retirado la pistola en dos ocasiones, en 2001 y 2007, como "consecuencia de episodios de ansiedad".
Los jueces, por su parte, inciden en la resolución en "las inadecuadas fórmulas para controlar la salud física y mental de los agentes al estar basadas en la propia información facilitada por los interesados"; también en "la falta de control en el momento de los hechos sobre las armas facilitadas a los policías locales en su cometido, dado que no tienen obligación de depositarlas en el armero que hoy día existe, aunque no estaba habilitado en el momento de lo ocurrido".
Afean, además, "la imprudencia que supone mantener a un policía local en un destino unipersonal sin asistencia de compañero alguno, como lo era el Mercado de Hadú (donde trabajaba Alonso González) a pesar de conocer, si no su enfermedad mental, que él mismo se ocupó de mantener oculta, su carácter conflictivo y sus anteriores antecedentes que llevaron incluso a la retirada temporal del arma". Para rematar, subrayan "la absoluta desidia existente en este extremo por parte de los mandos de la Policía Local de Ceuta y los órganos correspondientes de la Administración local a pesar del riesgo que conlleva el porte de armas agravado, en este supuesto, por los antecedes conductuales del acusado".