¿Quién activa los protocolos ante la desaparición de un menor?
Las herramientas existen, pero no siempre se usan. En la desaparición de Abel, no se contó con todos los recursos necesarios para la búsqueda de un menor, de nuevo
El pasado sábado, Ceuta vivió con angustia la desaparición de Abel, un menor cuya ausencia movilizó a su entorno, pero no provocó la activación inmediata de todos los recursos disponibles contemplados en el protocolo oficial de actuación ante desapariciones. El caso ha reabierto el debate sobre los procedimientos y responsabilidades en estos casos, especialmente cuando la víctima es un niño o una persona vulnerable.
El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas, en vigor desde 2019, es claro. Cuando la persona desaparecida es un menor, se debe actuar con carácter de alto riesgo desde el primer momento. “Las primeras horas son cruciales”, advierte el documento. Las alertas —como la Alerta AMBER o la Alerta Nacional— deben activarse de inmediato, sin esperar un plazo determinado.
Sin embargo, en el caso de Abel, no se pusieron en marcha todos los mecanismos disponibles. Tampoco ocurrió con Mohamed Abdeselam, el niño de ocho años hallado sin vida en 2022 a escasos metros de su casa. Su desaparición se denunció la misma noche, pero no todos los recursos disponibles para participar en los dispositivos de búsqueda se activaron. Dos casos distintos, una misma carencia: la aplicación desigual de las herramientas previstas.
El protocolo detalla que, según el riesgo valorado por los agentes que reciben la denuncia, pueden solicitarse refuerzos especializados: unidades caninas, helicópteros, rescate en montaña, voluntarios de Protección Civil, entre otros. En Ceuta, existen recursos, pero no siempre se movilizan a tiempo.
La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) fue la encargada de valorar la situación de Abel. Esta unidad debe analizar si existen antecedentes de fuga, situaciones de conflicto familiar o condiciones de especial vulnerabilidad. Pero la valoración, por sí sola, no basta si no va acompañada de una respuesta operativa inmediata.
El protocolo también establece que la denuncia debe admitirse “en todos los casos de desaparición”, no solo por familiares, sino también por vecinos, educadores o trabajadores sociales. La respuesta debe ser ágil y eficaz. En la práctica, la ejecución de estas directrices sigue presentando grietas.
Desde SOS Desaparecidos recuerdan que “cada hora cuenta” y subrayan la importancia de activar todos los medios cuanto antes. La sociedad ceutí quedó conmocionada por el caso del pequeño Mohamed que, al contrario de la fuga voluntaria de Abel, no fue hallado con vida.
El episodio deja una conclusión inquietante: la eficacia del sistema no depende de los protocolos en sí, sino de la voluntad institucional para aplicarlos con diligencia.