Los compradores de Huerta Téllez preparan protestas para exigir la entrega de las viviendas

 Los afectados reclaman la intervención del gobierno local en el contencioso, al que recuerdan el carácter municipal del suelo

photo_camera José Mena/A.S.

Los compradores afectados por el retraso en la entrega de las viviendas de la promoción Huerta Téllez, en la barriada de Hadú, han visto colmada su paciencia. En torno a cincuenta de ellos se ha reunido esta tarde junto a las viviendas a fin de diseñar la estrategia que seguirán para reclamar bien la entrega de las propiedades, bien la devolución del dinero invertido.

El centenar de afectados estudia ahora elaborar un calendario de movilizaciones dirigidas a presionar a la administración local para exigir su respaldo político y jurídico a los perjudicados. El portavoz de los afectados, José Mena, no descartaba esta tarde promover protestas ante la empresa de vivienda, Emvicesa, ni organizar una concentración durante la visita a la ciudad el próximo miércoles de la ministra de Fomento, Ana Pastor. “Cuando compramos estas viviendas lo hicimos porque aquí lucía un cartel en el que se leía: Emvicesa –recuerda Mena- Si ellos vendieron el terreno y pusieron su nombre, alguna responsabilidad tendrán que asumir”.

Los perjudicados han mostrado su perplejidad ante el hecho de que la Ciudad haya hecho una inversión millonaria en la obra de urbanización. Mena asegura que un gasto de este tipo debería ir acompañado de algún tipo de inquietud acerca del destino de las personas que deberían ocupar las viviendas. “La calle está terminada y pagada, pero, ¿para qué, si los vecinos no pueden entrar?

¿Pagan y nadie se preocupa por si los vecinos entran o no a vivir en sus casas?”, se pregunta el portavoz de los afectados.

La consejera de Fomento, Susana Román, asumió con los perjudicados el compromiso de que éstos ocuparían sus casas una vez que concluyeran las obras de urbanización.

Los compradores de Huerta Téllez señalan directamente al gobierno local y a su presidente, Juan Vivas como los responsables de la situación por la que atraviesan. “Nadie nos ha hecho caso, y el principal tiene un nombre: Juan Vivas”, concluye Mena.

Un tortuoso camino

Los afectados han recorrido desde 2007 un tortuoso camino jalonado por los reiterados incumplimientos de la promotora. La empresa Dolmen, que se ha visto involucrada en distintos procedimientos judiciales, incumplió su compromiso de hacer entrega de las viviendas. Posteriormente, y tras la paralización de la obra y su reanudación en 2012, los afectados se han visto obligados a tratar con distintos interlocutores, tantos como sucesivas empresas han sido las que han ido asumiendo la responsabilidad de la promoción. “Todas y cada uno de ellas nos han ido dando largas y no nos han proporcionado ninguna respuesta”, se quejaba una de las vecinas asistentes a la asamblea. Los vecinos explican que, en la actualidad, la toma de decisiones sobre el destino de la promoción de viviendas se encuentra en manos de la Sociedad de Gestión de Activos der la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como “banco malo”.

Los compradores han desembolsado cantidades que oscilan entre los 15.000 y los 60.000 euros. 

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