POR LA RETIRADA DE UN ARCO

El PSOE denuncia que el Gobierno quiere hacer pagar una obra del Plan de Barriadas a los vecinos

El PSOE ha exigido a la Ciudad el cumplimiento inmediato de la medida contemplada en el Plan de Barriadas 2015- 2019. Los socialistas reclaman que se retire el arco que culmina la fachada del bloque 1 de la barriada Miramar Bajo.

foto mayda daoud
photo_camera La diputada socialista ha denunciado el incumplimiento del Gobierno en la barriada Miramar Bajo/ANTONIO SEMPERE

El incumplimiento reiterado por parte del Ejecutivo de Vivas ha sido denuncia por la diputada socialista en la Asamblea, Mayda Daoud, quién subraya que el malestar de los vecinos se remonta a años atrás, cuando el deterioro de la fachada llevó a que la misma comenzara a desprenderse, con el consiguiente peligro que ello supone para los viandantes. Los socialistas solicitaron su retirada en los organismos oportunos, según han dicho estos reiteradamente.

En diciembre de 2014, el PSOE de Ceuta denunció públicamente la situación, pidiendo al Gobierno local la retirada lo antes posible. En el Pleno de la Asamblea de julio de 2015 y de acuerdo con el Plan de Barriadas 2015- 2019, el Grupo Parlamentario Socialista hizo referencia a una de las actuaciones contempladas para la barriada de Miramar Bajo. En concreto, la retirada del arco, instando al Gobierno a retirarlo en el menor tiempo posible. La moción fue aprobada por unimidad  

En el pasado mes de diciembre, el GPS interpeló al Gobierno local, nuevamente en el Pleno de Asamblea, por el estado de ejecución de dicha medida, sin obtener respuesta alguna. 

Pese a ello, según denuncia el PSOE, los vecinos del edificio han recibido una carta de la Consejería de Fomento, concretamente de la Unidad Administrativa de Licencias de Obras Menores, en la que se comunica que serán los propietarios del edificio los que deben ejecutar las obras recogidas en el informe técnico, por lo que los vecinos se ven obligados a tener que hacer frente al importe de 7.924,73 euros y 720,43 en concepto de IPSI. Los afectados cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, ya que en caso contrario la obra se ejecutará pasándoles la factura para su abono al erario público.

Ante la situación, la diputada socialista se ha puesto en contacto con el consejero de Fomento, quien solicita a la comunidad de vecinos un documento formal en el que se especifique que las familias no se pueden hacer cargo de los gastos derivados de dicha actuación. Solo en ese caso, el importe de las citadas obras sería asumido por la Ciudad.

Para Daoud, “el Ejecutivo, además de incumplir con las propuestas aprobadas por el Pleno de la Asamblea, está incumplimiento con el deber de velar por la seguridad y bienestar de sus vecinos”.

 

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