Alrededor de 1.700 militares temporales destinados en Ceuta habrán ido a engrosar las colas del desempleo en torno al año 2025. Es el personal de tropa y marinería sujeto a las condiciones impuestas en los denominados “compromisos”, contratos que les obligan a abandonar el ejército una vez cumplidos los 45 años.
En España, entre los años 2018 y 2021 dejarán su puesto 4.045 militares; entre 2022 y 2025, lo harán 9.583; entre 2026 y 2029, serán 13.172 y, desde 2030 y hasta 2033, abandonarán el cargo 9.793.
Estas cifras, aportadas por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), no reflejan sino la inestable situación laboral de un vasto grupo de trabajadores. Sólo el 14% del personal de tropa y marinería enrolado en el ejército español tiene la condición de trabajador permanente. “Es un problema de extrema gravedad”, advierte el delegado de AUME en Ceuta, José Vicente Maleno.
El delegado de AUME, José Vicente Maleno, (dcha.), junto a Javier Alfonso, representante de la entidad (C.A.)
La situación de estos trabajadores ha llegado a los tribunales e, incluso, al Constitucional en una impugnación de la Ley de Tropa y Marinería de 2006 que instituyó los llamados “compromisos de larga duración”.
Uno de los argumentos fundamentales esgrimidos contra la Ley por las asociaciones representativas es el del carácter discriminatorio de una norma que establece distinciones entre los militares en función de su vinculación temporal al ejército.
La ley 9/2011 de los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas abrió la puerta al asociacionismo en el ejército. Esta posibilidad concedida a los militares de disponer de una representación para la defensa de sus intereses ha permitido durante los últimos años poner altavoz a una situación laboral que, de otro modo, probablemente habría permanecido silenciada.
Las asociaciones se han mostrado críticas con el comportamiento de los sucesivos gobiernos. Maleno, por ejemplo, censura el denominado Plan Integral de Orientación Laboral (PIOL) que la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, impulsó para la integración laboral de los militares despedidos. “Aquello se sacó sin el conocimiento ni la aprobación de las asociaciones profesionales”, lamenta Maleno.
Las asociaciones reclaman una salida laboral para unos trabajadores que tras la salida obligada del ejército pasarán sin solución de continuidad a convertirse en desempleados mayores de 45 años, con todas las limitaciones que ello impone en la búsqueda de un nuevo empleo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha promovido una serie de iniciativas orientadas a instituir cursos de formación que, impartidos en los cuarteles por personal civil y militar, proporcionarán a los interesados una titulación oficial. También se maneja la reserva de plazas para este personal temporal del ejército en la Policía Nacional, la Guardia Civil y el personal laboral de Defensa.
“Puede que hayamos advertido algunos avances, pero lo cierto es que la discriminación continúa: la gente se sigue yendo a la calle al cumplir los 45 años”, lamenta el representante de AUME en Ceuta.
Retribuciones
La otra gran lucha del asociacionismo en el ejército la constituye la reivindicación de una actualización salarial, necesaria para acabar con el trato desigual que se dispensa a los militares con respecto a otros funcionarios del Estado. “No hablamos de equiparación salarial, sino de actualización salarial”, matiza Maleno. El portavoz de AUME explica que, a igualdad de categoría, y sin considerar más complementos, un militar percibe por su trabajo un 23% menos que el resto de funcionarios públicos.
“La ministra de Defensa, Margarita Robles, nos llegó a reconocer que estábamos mal pagados, para seguidamente asegurar: Pero no hay dinero”, recuerda Maleno.
Más allá de la discriminación alegada, AUME critica la desproporción existente entre los salarios percibidos por los militares y la responsabilidad que asumen. Y para ilustrarlo recurren a un ejemplo: un soldado de tropa conductor de un carro de combate percibe un salario que no alcanza los 1.000 euros; el vehículo que conduce cuesta 18 millones.
