La Ciudad asegura el edificio de González de la Vega antes de decidir su futuro
La amenaza de derrumbe y los graves problemas de saneamiento obligaron a desalojar a las familias del edificio en González de la Vega. Ahora, el Gobierno de Ceuta prioriza la seguridad con un apuntalamiento de emergencia antes de iniciar la demolición
La Ciudad aún no ha establecido una fecha concreta para iniciar la demolición del edificio ubicado en la calle González de la Vega. Este inmueble fue declarado en ruina a finales del año pasado por los técnicos del área de Fomento de Ceuta, debido a graves problemas de saneamiento y riesgo inminente de derrumbe. Ante esta situación, se decidió que la medida más urgente era apuntalar la estructura para garantizar la seguridad.
En la actualidad, se están llevando a cabo las labores de apuntalamiento. Una vez concluidas, se determinará si es necesario proceder a una demolición de urgencia o si se puede realizar siguiendo los trámites habituales, aunque el objetivo sigue siendo el mismo: derribar el edificio.
"Estamos siguiendo las recomendaciones técnicas. Se procedió a apuntalar el edificio y a ordenar el desalojo inmediato de los vecinos", explicó Alejandro Ramírez, portavoz del Ejecutivo local, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. Según detalló, tanto la empresa municipal Emvicesa como el área de Asuntos Sociales han trabajado intensamente en la gestión del desalojo y la reubicación de los afectados, revisando documentación y buscando soluciones habitacionales.
Ramírez añadió que, una vez finalice el apuntalamiento y los antiguos ocupantes recuperen sus pertenencias, se procederá a la demolición. “Lo habitual es que, tras asegurar la estructura y vaciar el inmueble, el derribo sea inminente debido a las circunstancias técnicas y el riesgo que supone", afirmó.
El proceso de apuntalamiento, que se estima llevará al menos diez días más, es un paso previo imprescindible antes de la demolición. Si los informes técnicos indican que no hay riesgo inmediato, se optará por una licitación estándar, lo que podría retrasar el procedimiento. En caso contrario, se actuará con carácter urgente.
El edificio presentaba un peligro de colapso que hacía inviable mantener a sus ocupantes. Por ello, se optó por su desalojo y reubicación temporal hasta encontrar una solución definitiva.
En su intervención, Ramírez subrayó que el costo de los trabajos de apuntalamiento asciende a 50.000 euros, y que estos han requerido intervenciones en toda la estructura del edificio, lo que ha complicado su ejecución. “Esperamos que la estructura esté asegurada en una semana o diez días. Después de ello, permitiremos a los vecinos recuperar sus pertenencias antes de iniciar los trámites para la demolición”, puntualizó.
El futuro del edificio dependerá del informe técnico final: si la demolición puede realizarse de forma programada o si deberá acometerse de manera urgente. “Actuaremos según los plazos que marque la normativa y las condiciones técnicas”, concluyó.