Montero niega el desmantelamiento fiscal en Ceuta y Melilla y defiende las bonificaciones a la SS

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este martes en el Senado las acusaciones del Partido Popular sobre un supuesto desmantelamiento del régimen fiscal especial de Ceuta y Melilla. En respuesta a la senadora popular por Melilla, Isabel Moreno, Montero ha defendido la vigencia de las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social y ha asegurado que el Gobierno mantiene su compromiso con ambas ciudades autónomas.

Durante el Pleno, Moreno preguntó directamente a la ministra qué medidas piensa adoptar para garantizar que la fiscalidad de Ceuta y Melilla “siga siendo una ventaja real y no un mero enunciado”. La senadora denunció que las dos ciudades sufren “abandono permanente” por parte del Ejecutivo, y enumeró problemas estructurales como la baja renta per cápita, el elevado paro juvenil, la falta de inversiones y una aduana comercial con Marruecos que calificó de “pantomima”.

Moreno centró su intervención en la decisión del Gobierno de limitar hasta 2026 las bonificaciones a las cuotas patronales, una medida que, según dijo, “desmantela” un derecho vigente desde 2004. También criticó el bloqueo de cerca de veinte millones de euros en remanentes presupuestarios que podrían destinarse a inversiones sostenibles “con un simple Real Decreto”.

Montero respondió negando que se esté desmontando el régimen fiscal especial y subrayó que las bonificaciones siguen en vigor. La ministra insistió en que el Gobierno trabaja para garantizar la estabilidad económica de Ceuta y Melilla, y defendió las medidas adoptadas en el marco del Plan Estratégico para ambas ciudades.

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de creciente tensión institucional, tras las denuncias del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el bloqueo de 31 leyes en el Congreso, entre ellas la relativa a las bonificaciones en Ceuta y Melilla. El PP ha anunciado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, mientras desde el Gobierno se insiste en que las medidas fiscales específicas para las ciudades autónomas no están en riesgo.