El Gobierno municipal aguardará al pronunciamiento del Tribunal Supremo para decidir si, en el caso de que sea posible, recurre a las restricciones a la movilidad que implican el toque de queda y el cierre perimetral del municipio y a la limitación de las reuniones. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha avanzado este lunes en rueda de prensa que, al contrario de lo que han hecho otras comunidades autónomas como Valencia o Baleares, no solicitará autorización a los tribunales para aplicar estas medidas restrictivas de derechos fundamentales en tanto el Supremo no resuelva las dudas jurídicas existentes.
“Hay que esperar a despejar la incógnita para plantearse la posibilidad de aplicar o no estas medidas –ha precisado Vivas- Si el Supremo concluye que las autonomías puede aplicar estas restricciones de derechos, nos reuniremos con los técnicos y valoraremos la conveniencia de adoptarlas o no”.
El Gobierno canario ha hecho pública su intención de recurrir al Supremo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deniega la aplicación en las islas del toque de queda. Un reciente real decreto permite a las comunidades autónomas recurrir en casación al Supremo si los tribunales superiores de justicia rechazan la adopción de las medidas antes amparadas por el estado de alarma, que decayó el pasado domingo.
Vivas ha insistido en que su Gobierno ha decidido mantener una actitud de “prudencia” y se mantendrá a la expectativa hasta conocer la resolución del Tribunal Supremo.
Estado de alarma
El presidente ha justificado todas las medidas que se han adoptado durante los seis meses en los que ha estado vigente el estado de alarma. Vivas ha recordado que el 73% del tiempo durante el que ha sido de aplicación el estado de alarma, la ciudad se ha encontrado en una situación epidemiológica de “riesgo extremo”. “Un 63% de ese periodo, el inicio del toque de queda se mantuvo a las diez de la noche, el máximo permitido por el decreto del estado de alarma”, ha subrayado el presidente.
