El pasado 21 de enero el ya exconsejero de Sanidad del Gobierno de la Ciudad comparecía ante los medios de comunicación y reconocía que tanto él como parte de su equipo se había vacunado contra la covid-19.
A partir de ese momento Javier Guerrero se sumaba a la corriente de críticas de las supuestas vacunaciones indebidas en todo el territorio nacional. Todo parece indicar que fue esa presión y no otra la que forzó su dimisión aunque él ha defendido que recibió la dosis porque era personal de primera línea. Rechaza haberse saltado el protocolo en la Estrategia de Vacunación diseñada por los expertos. Guerrero acabó dimitiendo unos días después, el 26 de enero.
Los grupos políticos de la oposición en la Asamblea, no satisfechos con la marcha del responsable de Sanidad, solicitaron los listados de vacunados para examinarlos. Tras días de incertidumbre sobre si podían conocer esa información, finalmente la Ciudad Autónoma, y para no ser acusada de falta de transparencia, accedió a las peticiones.
El 3 de febrero PSOE y Vox acudieron a la Consejería de Sanidad para revisar la información. MDyC y Caballas decidieron no comparecer en días posteriores por considerarlo inútil ya que en la Consejería no se encontraba los listados completos o en parte de estos no figuraba la identidad con nombre apellidos de la persona vacunada. Sólo el DNI.
Antes, el 28 de enero MDyC trasladaba el asunto a la Fiscalía, el 1 de febrero lo hacía el PSOE y un día después Vox. Sendas formaciones políticas ponían en conocimiento del Ministerio Público hechos que podían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la vacunación irregular de algunas personas que no estaban incluidas dentro de los grupos prioritarios de vacunación.
Fiscalía se puso manos a la obra y para la instrucción de la causa envió un oficio a las unidades de Policía Judicial de la Policía Nacional para que requirieran al director territorial del Ingesa, con carácter urgente y en un plazo de 15 días naturales, resoluciones (escritas o verbales) recaídas con expresión de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado, criterios seguidos en relación a dichas vacunaciones y relación de las personas vacunadas hasta la fecha, con expresión de sus grupos de vacunación, categoría laboral y adscripción actual al correspondiente servicio o departamento, fecha de administración de la primera y segunda dosis, al haberse remitido una lista en la que no aparecen reflejados los nombres y apellidos de las personas vacunadas, "obstaculizando e impidiendo así la correcta fiscalización del procedimiento seguido". Además que en el caso que, de forma voluntaria, la posibilidad de vacunación hubiera sido rechazada por personas adscritas a Ingesa, se incluyera aportación escrita y documental de la renuncia. Todo con el fin de incorporar la documentación al expediente administrativo incoado en relación al proceso de vacunación contra el Covid-19 por el Área de Fiscalía de Ceuta.
A día de hoy, la situación es que el Ministerio Público asegura que no ha recibido hasta este lunes la citada información que completaría el expediente.
Ceuta Actualidad ha podido saber también que la Policía Judicial y no el Ministerio Fiscal es la que se está encargando de realizar las averiguaciones sobre los hechos denunciados y que de las comprobaciones efectuadas hasta la fecha no se puede afirmar que exista ilícito penal en ningún caso. La documentación que falta por examinar relativa al área del Ingesa no alterará esta conclusión, según ha podido saber este medio, porque se trata de un asunto de naturaleza moral y no legal. Podría deducirse que estamos ante una decisión amoral en todo caso.
Lo que resulta sorpresivo es que la Fiscalía, que es la que ha incoado el expediente, haya dejado la investigación en manos de la Policía Nacional cuando la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público. ¿Qué razones pueden existir para que Fiscalía pida ahora a la Policía Judicial que indague sobre si hubo o no irregularidades en el proceso de vacunación?
El caso Guerrero provocó la reacción de los partidos políticos y la presentación de las denuncias, así comenzó todo. Por ahora lo examinado no es susceptible de ser considerado delito aunque esta es una determinación que corresponderá al juez.
