El Juzgado ha abierto diligencias previas para determinar si, tal y como denunció en su día MDyC, miembros del Gobierno incurrieron en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la compra de material sanitario para la creación de una reserva estratégica, realizada vía decreto de emergencia y a dedo, a una empresa cuya actividad principal es la venta de vehículos en El Cuervo de Sevilla.
MDyC estimó la presunta malversación en unos 225.000 euros, la diferencia entre los precios de mercado que han encontrado en Internet de los diversos materiales adquiridos (400.000 mascarillas quirúrgicas, 20.000 litros de gel hidroalcohólico, 150 termómetros sin contacto, 5 nebulizadores para desinfección y 1.200 litros de desinfectante específico para esos nebulizadores) y el precio pagado por el Gobierno por el lote, que fue de 390.500 euros.
El Juzgado reclama al Gobierno de la Ciudad que presente la documentación que justifique la idoneidad del procedimiento utilizado para la operación de compra. “Esta situación de pandemia no debe servir para que unos pocos, elegidos por el Desgobierno del Sr. Vivas, se enriquezcan a costa de las penurias del resto de los ceutíes”, ha acusado MDyC en un comunicado.
