El incumplimiento de las cuarentenas dificulta sobremanera el control de la pandemia de coronavirus y varias comunidades han dado el paso de encargar a la policía la vigilancia de las personas obligadas a aislamiento, una medida compleja por escasez de recursos y dudas sobre su regulación.
A principios de septiembre la Consejería de Salud balear aprobó una resolución que estableció el acceso policial a los datos de localización y lugares de trabajo de las personas obligadas a aislamiento o cuarentena.
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