La explosión de contagios ha tenido ya un fuerte impacto traducido en bajas laborales, tanto en el sector sanitario como en otros servicios esenciales y en el conjunto de la actividad económica. El martes, Seguridad Social difundió los primeros datos provisionales de las bajas covid en diciembre, con 516 procesos de baja por incapacidad temporal hasta el día 23 en Ceuta, el triple que en todo noviembre. Una cifra que no refleja la avalancha de positivos de las navidades.
AMAT, que agrupa a las asociaciones de empresarios que colaboran con el sistema de la Seguridad Social en la gestión de las prestaciones, apuntó el miércoles que la expansión del virus con la variante ómicron ha provocado “un verdadero tsunami de bajas laborales” en diciembre que “no tiene visos de remitir en las primeras semanas de enero”. Y reclamó que se agilicen las altas de las incapacidades temporales ante “un alargamiento innecesario de los procesos” de baja por la saturación de la atención primaria.
Ante ello, muchas autonomías han improvisado procedimientos alternativos para la gestión de las bajas médicas al objeto de agilizar el proceso, como es la concesión telemática de las mismas, y que ha despertado recelos entre los empresarios. Este sistema abre la puerta a que cualquier trabajador pueda pedir la baja con una simple comunicación tras haberse realizado un test de antígeno con resultado positivo.
Para iniciar el procedimiento, basta con llamar a un número de teléfono para comunicar el resultado y, en caso de requerir la baja laboral, se realiza una petición para obtener una cita telefónica donde, en último lugar, se pide la identificación necesaria para realizar la baja efectiva, sin que haya mediado el sistema sanitario para certificar el contagio, y fiando la validez del resultado a la buena fe del solicitante.
Una medida que consideran que se ha lanzado “sin los medios adecuados”, al tiempo en que alerta sobre las posibles bajas fraudulentas que puedan darse. “Esta medida da opción a determinadas picarescas”, apunta. Expresan que está falta de garantías “da pie a que se puedan tomar determinadas decisiones de fraude y a que personas que no sean del todo profesionales se aprovechen de la situación”.
