Los motivos de las peticiones se fundamentan, según la asociación, en el hecho de que “el denunciado continúa resolviendo expedientes administrativos en contra de los contribuyentes que le han denunciado o se han querellado contra él, estando aún activos todos los procesos judiciales abiertos”. Consideran que “no es normal” que quien tiene causa penal pendiente “esté resolviendo e interviniendo en procedimientos administrativos en contra de los intereses de quienes han necesitado acudir a la vía penal por la comisión de un supuesto delito de prevaricación administrativa”, como se refleja en el artículo 23 de la Ley 40/2015 que establece que es motivo de abstención “tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado en el procedimiento administrativo”.
Ante esta irregularidad, Afectados por Hacienda reclama de la propia Agencia Tributaria la aplicación de la Ley y que “se deje de corporativismos que terminan empañando su imagen pública”.
La imagen de una Agencia Tributaria “objetiva e imparcial” vuelve, según la asociación, “a verse empañada por las actuaciones directas su jefe de la Oficina de Gestión, quedando en su lugar el retrato de una Agencia Tributaria corporativista, parcial y vengativa contra quienes buscan la aplicación de la Ley”.
La asociación se muestra sorprendida ante tales actitudes en pleno siglo XXI y que sean “los ciudadanos y no los poderes públicos de oficio, los que tengan que realizar una labor de control que se debió emprender desde dentro”.
