la sociedad estatal ejecuta gran parte de la obra pública de la ciudad

La Ciudad cumple un año como accionista de la sociedad estatal Tragsa

El consejero de Fomento, Néstor García, firmaba hace un año la integración de la Ciudad en el accionariado de la sociedad estatal Tragsa. Hoy, la empresa pública es el puntal de la obra pública promovida por el Gobierno de Juan Vivas. 

Obras en la Gran Vía, ejecutadas por Tragsa (C.A.)
photo_camera Obras en la Gran Vía, ejecutadas por Tragsa (C.A.)

Hoy hace un año que el consejero de Fomento, Néstor García, formalizaba con su firma la participación de la Ciudad Autónoma en el accionariado de la sociedad estatal Tragsa. La incorporación del Gobierno ceutí al accionariado de Tragsa permitía cerrar con la empresa pública la encomienda de proyectos, consultoría, servicios y obras en calidad de medio propio de la administración.

La atribución a Tragsa y sus filiales de obras y servicios promovidos por la Ciudad se ha convertido en una política estratégica del Gobierno del Partido Popular. Los populares aducen que las encomiendas de gestión a la sociedad municipal garantizan unos precios ajustados y agilizan los procedimientos. La oposición, por el contrario, advierte de que no recurrir a los procesos públicos de adjudicación introduce opacidad en el trámite y, además, perjudica a las empresas locales que podrían aspirar a ejecutar estos trabajos.

Néstor firma accionariado TragsaNéstor García, a la derecha, hace un año durante la firma del accionariado (CEDIDA)

Tragsa se ha convertido en el puntal de la obra pública y de la prestación de numerosos servicios promovidos por el Gobierno de Juan Vivas. La Ciudad ha confiado a sus recursos proyectos emblemáticos como la reforma de la Gran Vía o la habilitación de una parcela de estacionamiento de vehículos en Loma Colmenar, ideada para aliviar la presión del tráfico rodado sobre la N-352 camino de la frontera.

El nombre de la sociedad también ha aparecido como hipotética heredera del servicio público de limpieza viaria ante las desavenencias suscitadas entre el Gobierno local y Trace, la actual concesionaria.

El Grupo Tragsa está integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su objeto se ha ido ampliando, aunque todavía oficialmente se presenta como una empresa dedicada a actividades como la prestación de servicios agrícolas, forestales, ganaderos y desarrollo rural, amén de la conservación y preservación medioambiental.

Las reticencias hacia la preeminencia que Tragsa ha adquirido en buena parte de las concesiones de obra pública impulsada por la Ciudad no han partido sólo de los partidos de la oposición. Los arquitectos, constructores y promotores han acusado reiteradamente al Gobierno local de limitar las opciones de las empresas privadas a acceder a concursos públicos y, con ello, de colocar al sector en una difícil situación.

La Asociación de la Construcción de Ceuta exigió el pasado junio la inmediata paralización de las encomiendas de gestión a Tragsa. Según ellos, estas adjudicaciones directas constituyen uno de los principales motivos que ha generado el descenso de actividad y la crisis generalizada en el sector con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

El Colegio de Arquitectos de Ceuta llegó incluso a advertir de que la existencia misma de la entidad podría estar en juego.

Un año después de la integración de la Ciudad en el accionariado de Tragsa, el Gobierno local no parece dispuesto a modificar su rumbo. Conforme a su argumentario, las quejas del sector local son respetables pero insuficientes para prescindir de los servicios de la sociedad estatal. Según sostiene el Gobierno, abrir la adjudicación de proyectos de obra a la licitación pública no supondría necesariamente que los ganadores del concurso fueran empresas locales. Además, arguye que la asignación a empresas privadas de proyectos públicos ha ocasionado en muchas ocasiones retrasos en los plazos de ejecución e, incluso, anulaciones de los contratos.

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