La afiliación de las empresas municipales al colectivo empresarial supone una flagrante vulneración de los principios democráticos, dice en una nota, en la que agrega que ha tenido conocimiento de la intención del Gobierno a través de los medios de comunicación. Para los localistas, todo es un burdo subterfugio para financiar de manera irregular a la Confederación de Empresarios.
La CECE es una entidad que, por definición, defiende intereses particulares, mientras que la administración periférica (como la llama el Gobierno) defiende, por obligación constitucional, los intereses generales que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Existe una contradicción inexplicable
Lo que subyace, según la nota, en tan oscura maniobra es la voluntad de financiar a la organización empresarial, suponemos que con la intención de “comprar” el apoyo de este agente social a sus políticas.
La formación política ha hecha pública su oposición a esta decisión y va exigir, en caso de que se haya tomado, una inmediata rectificación para salvaguardar los intereses generales y la correcta asignación de los fondos públicos.
Caballas considera que los agentes sociales deben autofinanciarse. Es la única manera de garantizar su independencia en la defensa de los intereses que representan.
