Caballas pretende evitar que la sociedad estatal Tragsa, a la que la Ciudad a encomendado numerosos servicios y proyectos de obra, engrose sus beneficios al amparo de su condición de empresa pública. Los diputados de la coalición plantearán en el próximo pleno de la Asamblea una propuesta por la que solicitan al Gobierno que las encomiendas a Tragsa y sus filiales incorporen una cláusula preventiva. En ella, habría de explicitarse que las certificaciones de obra ejecutadas por empresas subcontratadas se abonarán al precio que figure en las respectivas adjudicaciones.
La precaución propuesta por Caballas atiende a la capacidad que la ley reconoce a Tragsa para subcontratar el 49% del importe de las obras encomendadas. Al tiempo, las encomiendas de gestión confiadas por la Ciudad a la sociedad pública incluirán precios fijados con arreglo a las tarifas oficiales aprobadas por los ministerios correspondientes.