Como ha venido publicando este diario digital, la Distribuidora Internacional de Alimentación DIA tiene supeditado un acuerdo previo con los sindicatos UGT y CCOO para contratar a los trabajadores de la plantilla de la Navariba SL, franquiciada por la compañía en Ceuta, a lograr las autorizaciones necesarias de las autoridades portuarias para la apertura de un establecimiento en las actuales instalaciones que ahora están en manos de Genco. A este acuerdo se unió este jueves el sindicato Comisiones Obreras.
Según el documento al que ha tenido acceso Ceuta Actualidad, el pasado 27 de abril, Juan Luis Aróstegui, secretario general de CCOO, presentó por Registro de Entrada de la Autoridad Portuaria un escrito dirigido al presidente de este organismo en el que calificaba la operación de cambio y cesión de uso de la concesión administrativa que está en posesión de Genco como una “de dudosa legalidad”. En su escrito, el sindicalista también califica la misma como “operación especulativa”.
Así pone en conocimiento del presidente de la Autoridad Portuaria que “CCOO ha tenido conocimiento de que la empresa Genco está tramitando un expediente para cambiar el uso de la concesión administrativa que tiene en la Avenida Cañonero Dato (según el título concesional destinada a almacenamiento y venta de materiales de construcción), con la intención de alquilarla (eufemísticamente llamada cesión de uso para darle apariencia de legalidad) posterior, o simultáneamente, a la empresa DIA”.
La operación, según se refleja en el escrito registrado en la Autoridad Portuaria, “de dudosa legalidad, supone, en la práctica, utilizar a la Autoridad Portuaria como cooperador necesario para ejecutar el despido masivo de una plantilla de honrados profesionales que presentan sus servicios actualmente en Almacenes DIA (bajo la modalidad de franquicia)”.
Ante “este irreparable daño social”, se dice en el documento, “que supone esta operación especulativa, que se aparta del interés general, y cuya finalidad es satisfacer intereses particulares mediante una utilización fraudulenta del dominio público (unos cobra un alquiler, y otros limpian la plantilla, la Autoridad Portuaria no puede permanecer indiferente y mucho menos convertirse en cómplice”.
Ante esta exposición de motivos, Juan Luis Aróstegui, en su escrito dirigido al presidente de la Autoridad Portuaria, insta al presidente de este organismo para que, “en la tramitación del citado expediente, se adopten las cautelas y medidas legales pertinente para evitar, al menos, el despido de los trabajadores y trabajadoras”.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario digital son de la misma opinión que el secretario general de CCOO y creen que la operación sería de dudosa legalidad, sobre todo por el apartado de la cesión de uso. Según la opinión recabada, lo adecuado sería que la Autoridad Portuaria esperase a que la concesión administrativa caducase y no se renovase, y, posteriormente, ya rescatada, la volviese a adjudicar tras el correspondiente proceso de licitación.
Este jueves, en rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo previo entre UGT, CCOO y DIA, Aróstegui anunció que ahora la Autoridad Portuaria tendría que aprobar el cambio y la cesión de uso de la mencionada parcela de Genco, solicitado por DIA y que aparece como condición sine qua non para que el acuerdo suscrito tenga efectividad real.
