Comisiones Obreras ha acusado a la Delegación de Gobierno de propiciar con su inacción que la empresa petrolera Ducar haya visto recortados sus gastos de producción en unos 2 millones de euros desde 2007. El sindicato alude a la demora experimentada por la exigencia a la empresa de cumplir con la ley que le obliga a implantar un servicio de seguridad privada permanente en sus instalaciones prestado por un vigilante armado.
“Este sindicato considera que la exención del cumplimiento de la legalidad que se ha concedido de facto a esta empresa es una forma de corrupción administrativa, permitiendo un enriquecimiento de la empresa al abaratar sus costes de producción”, denuncia el sindicato en un comunicado.
El responsable de seguridad privada del sindicato denunció en 2007 ante la Delegación del Gobierno a Ducar, iniciativa que dio lugar a una resolución del secretario general de la institución que concluía la improcedencia de la denuncia. CCOO, entonces, puso la situación de la seguridad en las instalaciones en conocimiento de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que evacuó un informe favorable a las pretensiones del sindicato. El documento sirvió de base para una nueva resolución de la Delegación del Gobierno que, en febrero de 2008, exigió a la empresa que habilitase el servicio de vigilancia armada.
La vía administrativa concluía en septiembre de 2009 cuando la Dirección General de Recursos del Ministerio del Interior desestimó el recurso planteado por la empresa. CCOO censura que Ducar continúe sin atender sus obligaciones a pesar de los siete años transcurridos desde entonces. “En la actualidad, la empresa sólo dispone de vigilante de seguridad, sin arma, en uno de los turnos y el resto de la jornada el servicio de vigilancia es desarrollado por personal de la propia empresa sin ninguna cualificación ni habilitación legal para ello”, protesta el sindicato.
CCOO concluye que la Delegación ha sido “connivente” con Ducar en perjuicio de otras empresas de la competencia como Atlas, a la que se obligó a implantar el mismo dispositivo de seguridad.
Los sindicalistas han remitido un escrito a la Delegación del Gobierno por el que le exige la aplicación inmediata de la normativa reguladora de la seguridad privada.
