Las consejerías de Hacienda de Ceuta y Melilla han remitido a la Secretaría de Estado de Hacienda una propuesta consensuada para solucionar los problemas administrativos que impiden la firma de los respectivos convenios para la puesta en marcha de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas. Se trata de la contemplada en el Título 1 del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta al covid-19.
Los problemas a los que aluden los dos gobiernos locales se refieren a las dificultades que, tanto para acreditar la condición de beneficiario como para el cálculo del importe de la ayuda, y ante la imposibilidad de tomar como referencia el IVA, no aplicable en Ceuta y Melilla, se debe tomar como cifra de volumen de operaciones los ingresos íntegros de la actividad económica, en el caso de contribuyentes por IRPF, y el importe neto de la cifra de negocios, en el caso de los del Impuesto de Sociedades.
Dichas magnitudes ya están incluidas en las declaraciones de 2019. Para el caso de las correspondientes a 2020, se tomará, en el caso del IRPF, la que figure en el último pago fraccionado correspondiente a 2020, y en el caso de Sociedades, una declaración jurada con la cifra que se vaya a incluir en la declaración de 2020, a comprobar una vez presentada la declaración, cuyo plazo vence en julio de 2021.
El objetivo de las dos ciudades autónomas es que el contenido de esta propuesta sea trasladado a los respectivos convenios a suscribir por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con Ceuta y Melilla. La finalidad de proporcionar seguridad jurídica en la tramitación de las ayudas.
