se ha autorizado ​el alza del déficit en dos décimas

Ceuta vota en contra del nuevo programa de estabilidad presupuestaria

Ceuta ha sido una de las comunidades autónomas que ha votado en contra del nuevo programa de estabilidad presupuestaria presentado por la ministra de Haciendad, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este jueves en Madrid.

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photo_camera la consejera ceutí, junto a los responsables del área de Hacienda de Melilla, Castilla León, Madrid y Murcia (de izquierda a derecha) durante un receso de la reunión.

En contra han votado todas las regiones gobernadas por el Partido Popular Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia. Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también han votado en contra.

Por el contrario, las comunidades donde gobierna el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura) han votado a favor del acuerdo. No obstante, la Comunidad Valenciana, donde también gobiernan los socialistas, se ha abstenido.

La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, ha participado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha estado presidido por las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.  En la misma se ha autorizado ​el alza del déficit en dos décimas para las autonomías en 2019, hasta el 0,3 %, - una medida que a Ceuta y Melilla no afecta- y se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para la coordinación de la tributación propia de las comunidades.

Se ha tomado también le la decisión de retrasar al año 2021 la meta de 'déficit cero' para las regiones, momento a partir del cual no podrán gastar más de lo que ingresan. Los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el próximo trienio serán del 23,47% para 2019, del 23% para 2020 y del 22,2% para 2021.

Por último, el CPFF ha adoptado el acuerdo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que culmina el proceso de integración del tramo autonómico en la estructura general del Impuesto sobre Hidrocarburos, proceso dirigido a la unificación de los tipos regionales para una mejor adaptación al derecho comunitario.