La cercanía de las elecciones municipales suele tener efectos revitalizantes sobre proyectos e iniciativas rescatados para la ocasión del baúl del olvido. El discurso pronunciado el pasado jueves por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, durante el acto de celebración de sus dieciocho años al frente del Gobierno local ofrece un ejemplo de esta debilidad que asalta a los dirigentes políticos en las vísperas de una cita electoral.
Vivas desgranó una relación de objetivos de gobierno para el próximo mandato en la que no faltó uno de estos viejos proyectos nonatos. “Que se apruebe y lleve a cabo de manera consensuada con los agentes económicos y sociales un plan estratégico que inyecte confianza en nuestro tejido productivo y abra horizontes para nuestro desarrollo económico”, defendió el político popular.
La propuesta había sido defendida horas antes por el consejero Fernando Ramos ante representantes de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en el marco de una triple reunión del Observatorio por el Comercio, la Mesa por la Economía y la Mesa por el Empleo. Ramos planteó la licitación del proyecto de redacción de ese plan estratégico para su elaboración por una empresa privada.
A la espera de saber si ese documento llegará a ser redactado alguna vez, el debate en torno a la necesidad de trazar objetivos claros al desarrollo económico de Ceuta llegará, en todo caso, con siete años de retraso.
Lo que a las puertas de las elecciones de mayo propone el PP ya se hizo en 2012. Pero aquel plan estratégico que se definió hace siete años duerme el sueño de los justos en alguna dependencia del Palacio de la Asamblea.
Lo que va de 2012 a 2019
La elaboración de un plan estratégico ha sido durante años una demanda de empresarios y sindicatos. En 2012, la llamada Mesa por la Economía, que integraba a representantes de la Ciudad, grupos de la oposición municipal y organizaciones empresariales y sindicales alumbraba un llamado “Plan estratégico para el desarrollo económico de Ceuta”.
Aquel plan, que sería aprobado en junio de aquel año por el pleno de la Asamblea, contenía una serie de propuestas de actuación y un diagnóstico de la economía local cuyos términos ya se han convertido a estas alturas en un lugar común. El documento hablaba de explotar el atractivo que la oferta del comercio local supone para sus potenciales clientes marroquíes y proponía la creación de alicientes mediante la reducción de los tipos del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Transcurrido más de un lustro, el compromiso asumido por el Gobierno con las organizaciones empresariales de aplicar una reducción del tipo del IPSI a más de 600 artículos y productos sigue todavía pendiente de cumplimiento.
Otras propuestas de aquel frustrado plan estratégico eran la reivindicación de una aduana comercial para Ceuta, la ejecución de toda una suerte de actuaciones urbanísticas en el entorno de los polígonos de El Tarajal y una amplia relación de medidas para combatir el desempleo. Entre estas últimas se citaban la lucha contra la economía sumergida, el combate contra el comercio irregular y el rediseño de los planes de empleo eran compromisos asumidos por el Plan.
El “Plan estratégico para el desarrollo económico de Ceuta” ha vuelto a revivir en el imaginario del debate público a través de la promesa electoral que el PP defenderá a lo largo de la próxima campaña. Aunque ni siquiera en los mensajes de Vivas se hace referencia alguna a aquel documento de 2012, un proyecto definido, presentado a la sociedad ceutí en su día y nunca ejecutado.
