“Los que legalmente estamos aquí establecidos, los que pagamos impuestos y ponemos en riesgo nuestro capital somos los que estamos resultando más perjudicados”. La queja de uno de los comerciantes del polígono de El Tarajal revela el malestar que ha comenzado a cundir entre los empresarios ante la evidencia de la ineficacia del nuevo paso para ordenar los flujos de porteadores.
La sensación de que la nueva reorganización del tránsito fronterizo ha beneficiado, precisamente, a quienes los empresarios identifican como los operadores menos “respetuosos” con las obligaciones fiscales se ha extendido por el polígono. Los comerciantes se quejan de que el Tarajal II se ha convertido en una “plataforma de mercancías” monopolizada por agentes que no se encuentran arraigados en Ceuta.
“Si hay una veintena de naves que se dedican a lo que entrecomillas podíamos llamar consignas irregulares, y cada nave produce una media de algo más de 200 bultos, dígame cómo podemos optar a transportar los artículos que nos compran nuestros clientes”, protestan los empresarios.
Los comerciantes exigen una actuación más decidida contra las naves cuya actividad se encuentra bajo sospecha y a cuyos propietarios identifican como aquéllos que organizan las filas de porteadores e imponen un precio para el bulto contra el que los empresarios legalmente asentados no pueden competir.
De hecho, los empresarios de El Tarajal advierten de que la actual situación les llevará a una difícil situación económica en breve si continúan los problemas para dar salida a sus mercancías.
Algunos empresarios han comenzado a trabajar en la reactivación de la Asociación de Comerciantes de El Tarajal, cuyos miembros mantendrán una reunión la próxima semana. Precisamente, una de las propuestas que se han planteado para su debate es la de reclamar una moratoria de las obligaciones fiscales de los comerciantes afectados por la situación económica a la que les ha abocado la actual situación en el paso fronterizo.
El anuncio lanzado desde la Delegación del Gobierno por el que se da a los comerciantes dos semanas para que presenten un plan de seguridad en el polígono no ha ayudado a calmar los ánimos de los empresarios. Los comerciantes se consideran perjudicados doblemente por tener que asumir el coste de la vigilancia del recinto en un momento de pérdidas.
