Las comunidades de propietarios de Tarajal 1 y Tarajal 2 han formalizado ya la presentación del plan de seguridad para sus recintos en los polígonos comerciales situados junto a la frontera. Los comerciantes satisfacen así la petición de la Delegación del Gobierno, aunque sin entusiasmo. Los empresarios consideran que la exigencia de la administración central ha sido planteada como un “chantaje” al que se han visto obligados a ceder.
Según el documento remitido por los empresarios a la sede de la representación del Estado en la Plaza de los Reyes, el coste del dispositivo supondrá para los propietarios un desembolso cifrado entre los 400.000 y los 450.000 euros anuales.
El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, ya dio en marzo pasado un ultimátum a los comerciantes para que presentasen un plan de seguridad para el recinto. Fernández Cucurull siempre ha sostenido que el control de los porteadores en el espacio privado que constituyen los polígonos es responsabilidad de los propietarios.
Los empresarios, sin embargo, sostienen argumentos harto diferentes. El presidente de la comunidad de propietarios Tarajal 2, Bilal Dadi, insiste en que los empresarios se han visto forzados a aceptar a cambio de que la Delegación del Gobierno se aviniese a abrir la puerta norte, que da acceso directo desde el paso fronterizo oficial al recinto de los polígonos. Esta medida facilitará el paso de los clientes hacia las naves.
