La jornada de cierre se verá acompañada de una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, a la que se han unido las dos centrales mayoritarias en Ceuta, UGT y CCOO, y todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de la Ciudad.
La relación de medidas reclamadas por la CECE para su aplicación en la frontera es extensa. La primera de ellas es la reordenación de todos los carriles, cuya apertura exigen los empresarios, mediante la habilitación de cauces de paso diferenciados para turistas, ciudadanos comunitarios y coches-patera, éste último con horarios limitados. Además, los empresarios no renuncian a que se abra un nuevo paso fronterizo y a que se elimine el sistema de tarjeta de El Tarajal II impuesto por la Delegación del Gobierno.
La CECE se queja, además, de que se están practicando incautaciones de mercancías sin la preceptiva instrucción de las actas de aprehensión. También rechazan el acuerdo adoptado por las autoridades españolas y marroquíes para prohibir desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero la salida de mercancías desde los polígonos del Tarajal hacia el Reino alauita tanto a pie como en vehículos, restricción que viene aplicándose desde hace cinco años.
Ante la situación, el Gobierno local, después de que el presidente se desplazara a Madrid para entrevistarse con el ministro Montoro, anunció que el Gobierno local pretende que quienes se dedican al tráfico de mercancías con destino a Marruecos sin una infraestructura y una plantilla de trabajadores acorde a su actividad real acaben cediendo el paso a los empresarios que cumplen la ley y generan empleo en la ciudad.
La Ciudad prepara una batería de medidas de carácter fiscal, policial y administrativo para combatir los efectos perniciosos que las actividades económicas irregulares ejercen sobre el sector del comercio en Ceuta. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha detallado hoy la naturaleza de estas actuaciones, entre las que destaca la creación de un registro de importadores.
La diana del Gobierno local está colocada sobre lo que el presidente ceutí ha presentado como “comercio ficticio”, esto es, el alimentado por importadores cuya actividad no está respaldada por unas infraestructuras y una plantilla acordes con el volumen de mercancía que trasiegan a través de Ceuta con destino a Marruecos. Para desenmascararlos, los servicios tributarios municipales consignarán en un registro a los importadores cuya estructura empresarial y de personal acredite la solidez de sus actividades frente a quienes cultivan una economía sumergida. “Los primeros dispondrá de todo tipo de facilidades en la tramitación de las importaciones, dentro de lo establecido en la ley; los segundos se encontrarán con controles e inconvenientes”, ha advertido el presidente Vivas.
El propósito es el de propiciar que las empresas a las que se imputa ese “comercio ficticio” dejen el cauce abierto a los empresarios que desarrollan su actividad con arreglo a las normas. En esta línea, el Gobierno ceutí planteará la revisión de las ordenanzas municipales que regulan ámbitos como la fiscalidad o el transporte y almacenamiento de mercancías. “Se trata de evitar que se traigan mercancías que no se sabe dónde van o que se descargan en plena vía pública”, ha explicado el presidente.
La Ciudad ha propuesto también a Hacienda acometer un análisis para determinar si la Agencia Tributaria y Aduanas disponen de medios suficientes para enfrentar la lucha contra el fraude y elaborar un protocolo de colaboración en esta materia.
Entre las líneas maestras acordadas en el transcurso de la reunión mantenida entre Imbroda y Vivas, figuran referencias expresas a la situación de los pasos fronterizos con Marruecos. Ambos gobiernos han mostrado su disposición a colaborar con la Administración General del Estado en el desarrollo de la infraestructura fronteriza –la Ciudad ha previsto en su presupuesto para 2018 3,5 millones de euros destinados a este fin- y a respaldar políticamente cualquier decisión que adopte el Gobierno central para mejorar las infraestructuras fronterizas y reforzar las plantillas policiales destinadas a su custodia y control.
Por otro lado, Ceuta y Melilla han comenzado a avanzar en la senda de la incentivación a las empresas a través de rebajas en el Impuesto sobre la Producción, la Importación y los Servicios (IPSI). Aunque el objetivo común es el fomento de la actividad comercial, los gobiernos de una y otra ciudad han escogido modelos distintos: mientras Melilla limita sus reducciones fiscales a las mercancías textiles y al calzado Ceuta propone una rebaja general del 10% para todo tipo de gravámenes.
Según las estimaciones de la Ciudad, esta política de incentivación fiscal supondría un ahorro para el comercio de entre 3 y 3,5 millones de euros, una cantidad que el Gobierno pretende compensar con los réditos que se obtengan de la lucha contra el fraude. El ejecutivo local ya ha reclamado la colaboración de los empresarios para que ayuden a definir cómo se materializarán efectivamente estas reducciones del IPSI.
