La Delegación del Gobierno ha difundido esta tarde un comunicado en el que precisa que las entidades financieras están facultadas para hacer un seguimiento de la actividad económica de sus clientes y aplicar las medidas que consideren necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. La nota se publica en plena polémica por la decisión de distintos bancos de la ciudad de bloquear las cuentas corrientes de un grupo indeterminado de empresarios locales y dar por finiquitadas, en algunos casos, sus relaciones comerciales.
En el comunicado, la representación del Estado en la ciudad recuerda que la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo establece que las entidades financieras están obligadas a hacer un seguimiento continuo de la relación de negocios que mantienen con sus clientes. “Por ello cada entidad, en cumplimiento de la Ley, establece y determina las medidas de seguimiento y de actualización de datos que debe realizar conforme a la normativa vigente, otorgándoles la facultad necesaria para dejar de establecer relaciones de negocio cuando éstas no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la norma”, sostiene literalmente la nota.
La Delegación asegura que, en cualquier caso, el proceder de las entidades bancarias, que además del bloqueo y el cierre de cuentas ha resuelto limitar la aceptación de billetes grandes en los ingresos en cuenta, no obedece a ningún tipo de instrucción impartida por las instituciones públicas responsables. Además, subraya que la nueva operativa de las entidades financieras no afecta al conjunto de empresarios ceutíes.
“Desde la Delegación del Gobierno estamos convencidos de que tanto entidades financieras como empresarios colaborarán y trabajarán de forma conjunta para velar por el correcto cumplimiento de la normativa vigente, sin que esto afecte a las relaciones comerciales y al desarrollo económico de la ciudad”, concluye el comunicado.
