“Una vía para el desarrollo de una actividad económica potencial generadora de empleo y riqueza”. Hace poco más de un mes, el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, presentaba de este modo las ventajas fiscales con las que el Ministerio de Hacienda había querido beneficiar al sector del juego “on line”. El documento de Presupuestos Generales del Estado para 2018 propuesto por su departamento incluía reducciones fiscales aplicables en Ceuta y Melilla de hasta el 50% para una actividad que, de improviso, parecía convertirse en una salida para dos economías deprimidas y desesperanzadas.
El escenario de una ciudad convertida en polo de atracción de las grandes empresas del juego “on line” ha empezado a seducir al Gobierno de la Ciudad. Aunque la medida impulsada por Hacienda no sea, de momento, más que un incipiente acicate para introducir a las dos ciudades autónomas en un mercado que ya tiene sus territorios de referencia en Europa.
Pero, ¿qué posibilidades existen de que Ceuta llegue a codearse algún día con las grandes sedes desde las que operan las grandes empresas del sector?
Actualmente, Malta ofrece a los operadores del juego “on line” unas atractivas condiciones para el desarrollo de la industria: una baja fiscalidad y permiso para que sus licencias puedan operar internacionalmente. La isla alberga a 250 operadores con licencia para una población de 437.000 habitantes. El marco jurídico y fiscal más competitivo de Europa.
Más próximo es el ejemplo que ofrece Gibraltar. El juego “on line” genera en la Roca más del 12% de los empleos de su economía. La colonia concentra el 60% del mercado global.
¿Cómo podrían las languidecientes economías de las ciudades autónomas llegar a competir algún día con un líder tan sólido?
Ceuta y Melilla ofrecerán una reducción de los tipos tributarios aplicables a todo tipo de juegos justamente a la mitad del que se beneficiarán todas las empresas con domicilio fiscal y sede real en las ciudades autónomas. Un escenario, sin embargo, lejano aún del régimen de casi total exención que rige en Gibraltar. Pero los yanitos se enfrentan a retos que pueden socavar el excelente estado de salud de su industria: la incertidumbre generada por el Brexit y el incremento fiscal urdido desde Londres.
El Gobierno británico ordenó que los operadores gibraltareños abonasen una tasa del 15% sobre los ingresos netos obtenidos por clientes en el Reino Unido. Las operadoras impugnaron esta modificación legal ante los tribunales, que la acabaron refrendando.
Este agitado panorama es el que quiere aprovechar el Gobierno español. La Ciudad ya se ha apresurado a anunciar que prepara un “relato” para atraer a los grandes operadores del sector a su territorio.
Que la apuesta resulte ganadora es algo que está por ver.
